Solucionar las pensiones exige realismo y responsabilidad
Garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social constituye una tarea compleja políticamente y escasamente gratificante en términos de popularidad electoral
Una amplia mayoría del arco parlamentario, con la excepción de dos votos en contra y 78 abstenciones, aprobó ayer el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, un documento en el que se propone al Gobierno, los empresarios y los sindicatos una veintena de recomendaciones parlamentarias con el fin de reformar el sistema de pensiones en los próximos meses. El inusual cuórum que ha recabado el texto, que suma apoyos tan dispares como los del Partido Popular y Unidas Podemos, ya dice algo sobre su contenido –integrado por propuestas más generales que concretas– y sobre su renuncia a descender al terreno de lo verdaderamente efectivo.
El texto incluye recomendaciones con impacto real, como estimular la permanencia de los trabajadores en el mercado laboral para adecuar en lo posible la edad real de retiro a la edad legal o incentivar los planes colectivos de pensiones en las empresas, pero también otras que en lugar de reducir el gasto contribuirán a agravarlo, como la revalorización de las pensiones según el IPC, acordada ya en la legislatura anterior. La propuesta de que la Seguridad Social transfiera al Estado el pago de los denominados gastos impropios del sistema, por valor de alrededor de 23.000 millones a lo largo de los próximos tres años, con el fin de que en 2023 haya desaparecido un déficit estructural que ronda anualmente los 20 millones de euros, enmienda el problema a corto y medio plazo, pero no lo soluciona realmente, y menos de cara a un futuro que combina factores de riesgo como el envejecimiento de la población, el crecimiento exponencial de la deuda pública y el impacto de la crisis económica.
Garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social constituye una tarea compleja políticamente y escasamente gratificante en términos de popularidad electoral. Se trata de un objetivo urgente que exige adoptar medidas que resuelvan el desequilibrio de un sistema de prestaciones que a día de hoy no puede costearse solo con los ingresos públicos, sino que arrastra un creciente déficit estructural que se agravará aún más a partir de 2025, cuando empiece a jubilarse la generación del baby boom. Propuestas como la creación de un fondo público de pensiones, planteada recientemente por el Gobierno, pueden ayudar a mejorar la sostenibilidad, pero no son suficientes. Se requieren decisiones responsables y realistas, como cuestionar la conveniencia de la revalorización de las pensiones actuales o recuperar el factor de sostenibilidad que se retrasó hasta 2023, además de incentivar una tasa de natalidad propia de un país en guerra capaz de hacer frente al dramático envejecimiento de la población.