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Operaciones corporativas

Reino Unido se dotará de amplios poderes para vetar compras de empresas por extranjeros

Anuncia una nueva ley que aumenta el control del Ejecutivo sobre las operaciones corporativas en 17 sectores clave

El primer ministro británico, Boris Johnson.
El primer ministro británico, Boris Johnson.AP

El Reino Unido planea dotarse de mayores poderes para intervenir en la compra de activos británicos por parte extranjeros si lo considera una amenaza para seguridad nacional. Un proyecto de ley que se publicará el miércoles ampliará la gama de transacciones sujetas a la intervención del gobierno, informó el departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial.

Habrá margen para multas y para la intervención retroactivas en acuerdos que se completen después de la publicación del proyecto de ley, una disposición potencialmente controvertida que los críticos advierten podría disuadir a los inversores. La legislación cubre sectores como el de la defensa, energía y transporte, si bien el gobierno busca también detener el riesgo de que empresas, infraestructuras o  propiedad intelectual caigan en manos "hostiles". Al mismo tiempo, el nuevo proceso de escrutinio impondrá plazos fijos para tomar las decisiones.

"El Reino Unido sigue siendo uno de los destinos de inversión más atractivos del mundo y queremos que siga siendo así", aseguró el secretario de Negocios, Alok Sharma. "Pero los actores hostiles no deberían tener ninguna duda... no hay una puerta trasera en el Reino Unido". Según el proyecto de ley de seguridad nacional e inversiones, los extranjeros de todos los países que compran activos británicos en 17 sectores estarán obligados a notificar al gobierno la transacción. No todas las transacciones estarán sujetas ala norma, cuyo alcande definitivo está por ver.

El Gobierno tendrá entonces 30 días para permitir la operación o pedir un mayor escrutinio sobre ella, en base a la seguridad nacional. En ese caso, habrá otros  30 días para tomar una decisión, prorrogable por otros 45 días en los casos más complejos. Las sanciones por incumplimiento del nuevo régimen incluyen cinco años de prisión y multas de hasta el 5% de la facturación global o 10 millones de libras (15 millones de euros). Las operaciones sujetas a notificación obligatoria que se salte esta obligación serán legalmente nulas.

Las condiciones impuestas a los acuerdos sensibles podrían incluir límites sobre el tamaño de las participaciones de los inversores extranjeros, restricciones sobre el acceso a información comercial o límites de acceso a ciertos proyectos. El departamento ya ha establecido, en operaciones anteriores, obligaciones referidas a planes de pensiones o inversión. Una vez el gobierno haya dado luz verde, el permiso ejecutivo será firme, a menos que se haya proporcionado información inexacta.

No obstante, hay algunos elementos retroactivos de la legislación. Los ministros tendrán cinco años para examinar transacciones en áreas más allá de los 17 sectores, donde podrán deshacer operaciones si suponen una amenaza a la seguridad nacional. Según Londres, esta disposición está en línea con la normativa de Francia, Italia o Alemania.

La retroactividad de la norma, en todo caso, se aplica desde el miércoles, por lo que el gobierno no podrá intervenir en tratos ya completados. Para evitar las posibilidades de esta intervención, hay un proceso voluntario de notificación para las industrias que no se encuentran entre los 17 sectore scríticos.

Las propuestas del gobierno del Primer Ministro Boris Johnson se basan en los planes anunciados por su predecesora, Theresa May. Londres estima que más de 1.000 acuerds al año pueden estar sujetos al nuevo requisito de notificación, con entre 70 y 95 sujetos a un mayor escrutinio y alrededor de 10 precisarán de medidas.

Estos son los 17 sectores críticos:

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