Es hora de que los autónomos coticen según sus ingresos reales

La reforma del RETA que ha anunciado el Gobierno permitirá al colectivo adaptar la cotización a la marcha del negocio

AP

Si hay un colectivo al que las noticias económicas de este frío otoño vayan a dejar helado es el de los autónomos. Víctimas de la incertidumbre y de la falta de un horizonte sobre el que trazar la hoja de ruta a seguir durante los próximos meses de pandemia han lanzado un mensaje de SOS. Pues bien, una ayuda importante podría venir de un cambio en el régimen de cotización y de tributación.

El Pacto de Toledo contempla la posibilidad de acometer medidas para acercar las bases de cotización de estos profesionales a sus ingresos reales y, así, facilitar al colectivo su paulatina adecuación al entorno económico, ahora tan fugaz e imprevisible.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya ha anunciado su intención de reformar el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para que paguen sus cotizaciones en función de lo que ingresan, lo que les permitirá adaptar su cotización con la marcha del negocio, pudiendo compensar la menor cotización en los años de crisis con una mayor aportación en los años prósperos si así quieren mejorar las futuras prestaciones y pensión pública.

En este sentido, estamos convencidos de que el cambio previsto en la cotización a la Seguridad Social, según los rendimientos obtenidos, beneficiaría a todos los autónomos en general. De hecho, con este nuevo método de cotización, los autónomos que registran números rojos por culpa de la pandemia no hubieran estado obligados a cotizar a la Seguridad Social durante el tiempo que dure la crisis.

José María Mollinedo es Secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha)

Y en este contexto, nuestro colectivo estudiará, con las opiniones de las organizaciones de autónomos, nuevas fórmulas de tributación frente a la rigidez de la estimación objetiva por signos, índices y módulos (régimen de módulos) para adaptarlo a otro que tenga en cuenta sus ingresos y gastos reales.

Los principales colectivos de autónomos ya han alertado de la crítica situación que atraviesan. Un diagnóstico que se puede agravar si las cifras de contagios por el Covid-19 condicionan la actividad de este colectivo de forma dilatada en el tiempo.

Frente a ello, debemos esforzarnos para frenar la propagación de los contagios, y salvar la campaña de Navidad, ahora en riesgo, ya que el 30% de la facturación anual de una cifra alta de profesionales y empresarios autónomos se logra en estas fechas.

Pero lo que resulta evidente es que debemos abrir un debate sobre la forma de tributar de los más de tres millones de autónomos en España. De ellos, tributan en el régimen de módulos 389.000 actividades empresariales y otras 898.000 de agricultores y ganaderos. En cambio, el 59,2% de las actividades económicas ya lo hace en el régimen de estimación directa.

Vistos los datos, ¿por qué no adaptar de forma paulatina el régimen de módulos?

Un régimen que, en nuestra opinión, se encuentra desfasado y genera efectos tributarios perversos, al no considerar las circunstancias subjetivas que afectan a la marcha de cada uno de los negocios de sus titulares.

Pero además pensamos que ya es hora de que la Agencia Tributaria (AEAT) refuerce la lucha contra el fraude de multinacionales, grupos empresariales y grandes fortunas, mientras que en paralelo se impulsen medidas para fomentar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias a los autónomos y a las microempresas, que son los que más dificultades tienen en este momento para recuperarse de la asfixia económica que provoca la pandemia.

En este contexto, ahora que se iniciará la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, convendría crear un cuerpo superior técnico para aumentar las funciones y responsabilidades de los técnicos del Ministerio de Hacienda que combatan la evasión y el fraude fiscal más sofisticado y abultado.

No puede ser que el 80% de la plantilla esté revisando las declaraciones de particulares, autónomos y pequeñas empresas, cuando apenas representan el 28% del fraude fiscal estimado en el país, mientras que el restante 20% de los efectivos se concentran en la evasión de las grandes empresas que acumulan el 72% de la evasión y fraude.

Conviene recordar que el fraude fiscal provoca anualmente unas pérdidas a las arcas públicas de 91.600 millones de euros: 60.600 millones por impuestos evadidos y 31.000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad Social.

Al mismo tiempo, convendría estimar oficialmente la economía sumergida en España y diseñar una planificación para aumentar a medio plazo la plantilla de la AEAT entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos y equipararnos a las plantillas medias de las Administraciones tributarias de los países europeos.

El objetivo, al fin y al cabo, pasaría por fomentar el cumplimento voluntario de los autónomos y pequeñas empresas, generalizando el envío de cartas para que sus asesores analicen las discrepancias detectadas, las justifiquen o presenten por voluntad propia las declaraciones complementarias en caso de constatar un error o una omisión.

José María Mollinedo es Secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha)