La justicia gallega impide a Alcoa parar las cubas de San Cibrao, pero ve "desproporcionada" la intervención
La ministra de Industria, Reyes Maroto, tiende la mano a Alcoa para seguir negociando
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha estimado parcialmente la solicitud de medidas cautelares presentada por los sindicatos CC OO, CIG y UGT sobre Alcoa al ordenar a la multinacional del aluminio que se abstenga de "llevar a cabo cualquier actuación dirigida a hacer efectiva la parada de las cubas" en la factoría de San Cibrao (Lugo).
La Xunta ha valorado este miércoles esta resolución y confía en que sea "un punto de inflexión" para que la empresa americana vuelva al diálogo y acceda a su venta. Según el Gobierno gallego, la decisión del alto tribunal autonómico "permite seguir adelante desde la unidad de acción con los trabajadores para conseguir el objetivo último", que es "continuar con la producción de aluminio primario" y el mantenimiento de los empleos.
Además, ha valorado que el fallo "da la razón a los trabajadores y a las administraciones", que llevan semanas demandando a la empresa que vuelva a la senda del diálogo.
El alto tribunal gallego acogió el pasado 28 de octubre la audiencia sobre la solicitud de medidas cautelares previas relativas a un ERE que afectaría a más de 500 trabajadores de la fábrica lucense. Los sindicatos pidieron la nulidad de los despidos y la administración de Alcoa asumida por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) mientras dure el proceso de impugnación de despido colectivo y se dicte sentencia firme.
El auto de la Sala de lo Social con fecha de este miércoles determina que esta última demanda de los sindicatos sería una medida "desproporcionada" y añade que, en lugar de la administración, la intervención sería, en todo caso, una "medida alternativa igualmente eficaz y menos perjudicial" para la empresa.
No obstante, el tribunal indica en el auto, de 69 páginas, que esta intervención, que "estaría orientada a controlar las actividades desarrolladas en la planta con el objetivo de mantener las cubas en situación de reiniciar de inmediato tras una eventual calificación del despido colectivo como nulo, no concuerda, sin embargo, con la posición procesal de la Abogacía del Estado".
El letrado se mostró durante la audiencia más partidario de que Alcoa esperara a la sentencia firme porque los costes que le podría suponer "no serían un gran quebranto económico, sino todo lo contrario".
En este contexto, los magistrados recuerdan que el abogado del Estado explicó en la vista que no asistía en representación de la SEPI, sino del Ministerio de Industria, y que consideraba "desproporcionada la administración o intervención judicial de la planta".
La Sala de lo Social analiza también en el auto la pretensión de los sindicatos de que por orden judicial Alcoa se abstenga de despedir a los trabajadores afectados por el ERE. Los jueces concluyen que esto no es posible, pues "trastocaría los límites y plazos" que debe cumplir la empresa con respecto al expediente de regulación de empleo.
Tampoco se acoge la pretensión de que se ordene a la factoría que mantenga la actividad en la planta, por considerar que se trataría de una "medida desproporcionada".
Finalmente, sobre la solicitud de que se obligue a Alcoa a mantener las cubas en situación de retomar la producción de manera inmediata, los magistrados entienden que ese mantenimiento "deviene imprescindible en el caso hipotético de la inmediata readmisión que se derivaría de una declaración de nulidad del despido colectivo".
Precisa que el apagado de las cubas electrolíticas, "aun no siendo un proceso irreversible, se ofrece complejo, costoso y dilatado en el tiempo, acarreando, en suma, graves perjuicios a los trabajadores".
La sala sentencia que quedarán sin efecto estas medidas si no se interpone la demanda principal de impugnación de despido colectivo en el plazo marcado por la ley, o si en esa demanda no se solicita la declaración de nulidad, y avisa de que contra este auto solo cabe recurso de reposición de conformidad.
De su lado, tras conocerse el auto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha apuntado que sigue "tendiendo la mano" a Alcoa en busca de un acuerdo para "buscar soluciones para la planta de San Cibrao".
En un comunicado, ha celebrado la decisión del alto tribunal gallego al atender las reclamaciones de los trabajadores, mientras ha destacado que el TSXG considera al Ministerio y a la Xunta de Galicia parte interesada en el conflicto al respaldar que la planta siga en funcionamiento.
Por ello, Maroto ha indicado que esta decisión es un "buen precedente" que permite mantener activa la planta y preservar los puestos de trabajo, al tiempo que apela a llegar a un acuerdo.
Ha recordado también que en la vista el Gobierno expresó su postura a favor de dos medidas cautelares: la paralización del ERE que afectaría a 524 personas y el aplazamiento de la paralización de las cubas hasta que un tribunal determine si el ERE es un fraude de ley.
