Madrid adelanta que rechazará cualquier control de precios en el mercado del alquiler

El director general de vivienda del ministerio llama al sector a participar en la redacción de la futura ley

Inmobiliaria con carteles de vivienda en alquiler.
Inmobiliaria con carteles de vivienda en alquiler.

Comienzan los choques entre las diferentes administraciones a cuenta de la futura norma que pondrá coto a las subidas abusivas del alquiler en España. La ciudad de Madrid, una de las localidades del país con mayor tensión en el mercado del alquiler junto a Barcelona y su área metropolitana, Palma de Mallorca, Sevilla o Málaga, rechazará establecer cualquier tipo de limitación en las rentas una vez que la ley en materia de vivienda que prepara el Gobierno de coalición esté lista, dentro de previsiblemente cuatro meses.

Así lo ha afirmado este martes el delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, al sostener que "en ningún caso" se establecerá el control de precios de los alquileres en la capital. Fuentes también ha tachado la medida de "populista y basada en el mensaje fácil".

La futura Ley estatal de vivienda, en la que se incluirán los mecanismos que aparentemente permitirán a las comunidades autónomas y ayuntamientos limitar las rentas del alquiler en las zonas tensionadas, empezará a debatirse a mediados de mes con el objetivo de llevarse al Consejo de Ministros en tres meses y al Congreso en cuatro, ha explicado también este martes Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en un evento organizado por Registradores de la Propiedad y la CEOE.

Aún no se conoce la letra pequeña de la futura norma, que será "ponderada y se basará en un proceso participativo con todo el sector", ha recordado Martín. No obstante, el anuncio de su puesta en marcha hace una semana, al calor de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya ha suscitado reacciones de todo tipo en el sector, tanto por la parte de los propietarios de vivienda como por la de los inquilinos.

Madrid es la primera de las administraciones, sobre las que en un principio recaerá la facultad de establecer estos límites, que ha rechazado abiertamente intervenir el mercado del alquiler. Fuentes ha afirmado en un coloquio del Executive Forum que la medida, que se ha implantado en otras ciudades europeas, no ha funcionado. En el caso de Berlín, ha asegurado, ha subido el precio del alquiler un 36%. Por su parte, en otras localidades francesas como París, ha "desaparecido" un 20% la oferta de alquiler, creando "una nueva economía del mercado negro". "No encontramos ni un aspecto positivo a esta regulación, atenta contra el libre mercado, el comercio y contra principios fundamentales", ha dicho.

Desde el sector inmobiliario, principalmente asociaciones de grandes propietarios y portales, se viene enfatizando en las últimas semanas en que ya se empiezan a notar los "efectos negativos" de la Ley catalana que regula las rentas en 60 municipios de la Generalitat desde el mes de septiembre. Ponen el foco, principalmente, en la paulatina reducción de la oferta y en el aumento de la inseguridad jurídica.

El director general de vivienda en Mitma, no obstante, ha recalcado que "no tenemos todavía información de las consecuencias de la ley catalana porque es pronto para verlas". Y ha añadido que "falta un marco de ámbito nacional en el que el Estado, que tiene ciertas capacidades, pueda marcar los principios generales y establecer una protección del parque público, además de poner deberes a las administraciones en relación a la vivienda". "Vamos a tener la oportunidad de llevar a cabo un proceso muy participativo y tendremos la ocasión de volver a poner en común todo lo discutido tantas veces para sacar una Ley de vivienda con amplio consenso y acuerdo", ha afirmado.

En su opinión, los debates sobre la vivienda se suelen centrar erróneamente en la polarización y "no en la preocupación que todos tenemos y compartimos". El estado, ha asegurado, tiene la obligación de proteger el derecho de acceso a una vivienda digna "y complementar aquello en lo que las comunidades autónomas se quedan cortas". Martín se ha mostrado convencido de que será posible llegar a un consenso para sacar adelante una ley que garantice este derecho y que sea bien recibida por el conjunto del sector.

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