Una reforma fiscal precipitada para una economía en estado de shock

El plan del Gobierno incluye más gestos de populismo fiscal que verdaderas medidas de saneamiento recaudatorio.

Los Presupuestos para 2021 que presentó ayer el Gobierno, gestados en medio de un oscuro horizonte sanitario y económico, constituyen las cuentas públicas más expansivas de la historia e incluyen un esbozo de reforma fiscal que afecta prácticamente a todos los impuestos. El plan, que ha generado tensiones en la coalición PSOE-Unidas Podemos que integra el Ejecutivo, modifica los impuestos de Sociedades, IRPF y Patrimonio, rebaja las deducciones aplicables por la capitalización de planes de pensiones y contempla nuevos impuestos a los plásticos o subidas a las bebidas azucaradas, todo ello con el objetivo de elevar la recaudación en 9.197 millones de euros entre el año que viene y 2022.

Pese a que el Gobierno ha definido las medidas como “prudentes” y como meros “ajustes” para adaptarse a la realidad, la reforma vislumbrada e iniciada ayer llega en un momento especialmente crítico para la economía española, cuando el desbordamiento del gasto público y el serio desequilibrio de las cuentas del Estado imposibilitan rebajar impuestos, pero en un contexto en el que el castigo que soporta la actividad empresarial y el consumo tampoco hacen oportuno el subirlos, aunque en algunos casos se trate de incrementos limitados a unas pocas rentas muy altas. A pesar de que España necesita desde hace tiempo abordar una reforma fiscal integral que eleve la eficiencia y racionalidad del sistema y permita seguir financiando un cada vez más costoso estado del bienestar, decisiones como la de desincentivar el ahorro para la jubilación endureciendo la fiscalidad de los planes de pensiones privados no parecen el camino más apropiado para alcanzar ese objetivo. Otro tanto ocurre con los retoques en algunos de los impuestos que afectan a la actividad empresarial y a la inversión, como el gravamen a las bebidas azucaradas en una coyuntura de dramático hundimiento para el sector hotelero y de restauración, la limitación a las exenciones a los dividendos y plusvalías aplicadas a las participaciones de las empresas españolas en filiales extranjeras o el aumento de la presión fiscal sobre las socimi, justo cuando la competencia fiscal de Portugal en lo que respecta a este vehículo de inversión inmobiliaria es cada vez más potente.

La reforma tributaria que España necesita exige un estudio en profundidad que examine las tendencias internacionales en materia fiscal para evitar incurrir en el error de castigar la inversión en general y la extranjera en particular. Dado el incierto horizonte que el país afronta en 2021 y el estado de shock en que se halla la economía, habría sido más prudente y realista retrasar un poco más esa tarea en lugar de impulsar una reforma precipitada que incluye más gestos de populismo fiscal que verdaderas medidas de saneamiento recaudatorio.