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Fedea pide una reforma del empleo público y una fiscalidad progresiva para las rentas del capital

Más de 135 expertos animan a aprovechar los fondos europeos para llevar a cabo reformas de calado

Oficina pública de empleo en Madrid.
Oficina pública de empleo en Madrid. EFE
Pablo Sempere

Un total de 137 expertos reunidos por Fedea en el grupo de trabajo sobre actuaciones para la reconstrucción del entorno productivo en el contexto del Next Generation y del Marco Financiero Plurianual de la UE han presentado este martes varias líneas de actuación para que España cumpla los objetivos propuestos tras la aprobación del fondo de reconstrucción. Entre ellas se encuentran varias reformas que afectan al ámbito fiscal, al mercado laboral y a la estructura de la administración pública, entre otros frentes.

En lo relativo a la fiscalidad, los expertos piden una racionalización y simplificación del sistema impositivo, así como el análisis detallado de la progresividad y la eficiencia de las desgravaciones, deducciones o beneficios fiscales. También animan a la implantación de una tributación progresiva de las rentas del capital, y piden revisar la fiscalidad de la innovación, estableciendo un marco amigable para este sector, con una pata importante de incentivos. Los expertos solicitan, a su vez, elevar la fiscalidad energético-ambiental a los niveles medios de la UE.

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Todas estas ideas estarían enmarcadas en el cuadro de reformas que los socios tienen que adoptar para agilizar y modernizar sus economías, y así cumplir con los objetivos que se acordaron en la cumbre que aprobó el fondo de recuperación.

Parte de estos reajustes también se centran en la Administración pública. Así, los expertos de Fedea piden reformar y simplificar la contratación en la Administración para "reducir sustancialmente plazos y sesgos", fomentando la corresponsabilidad de los empleados públicos y facilitando el uso de contratos basados en resultados.

En cuanto al empleo público, animan a implementar una regulación más plural y flexible, análoga a la laboral, para los empleos que no impliquen ejercicio de autoridad. También ven con buenos ojos un plan de rejuvenecimiento de plantillas y atracción de talento de alta cualificación, así como la modernización de los sistemas de reclutamiento y selección. Ven prioritario a su vez desvincular la alta dirección pública de los diferentes ciclos políticos.

En lo relativo a la agilización de los procesos de colaboración público-privada, imprescindibles también para materializar el desembolso de buena parte de los fondos europeos, Fedea quiere impulsar y desarrollar un plan que tenga como prioridad asegurar los criterios de máximo control, distribución equilibrada de riesgos, absoluta transparencia y eliminación de trabas burocráticas innecesarias. En paralelo, proponer diseñar un marco institucional que evalúe de forma rigurosa e independiente los programas y políticas públicos.

En esta línea, también ve imprescindible simplificar los trámites administrativos y coordinar los mismos entre los distintos niveles de la Administración. No se olvidan en Fedea de una palanca pensada para despolitizar la judicatura.

Digitalizar el mercado laboral

De los cerca de 72.000 millones de euros que recibirá España en forma de subvenciones directas, el 33%, unos 23.700 millones, irán destinados a la transformación digital. En esta línea, los expertos piden utilizar buena parte de los recursos disponibles para modernizar el mercado laboral, llevando tecnologías como el Big Data o la Inteligencia Artificial al SEPE y a los servicios de empleo de las comunidades autónomas para facilitar el acercamiento entre la oferta y la demanda de empleo. También animan a crear una base de datos de acceso de vacantes laborales, con fácil acceso a personas en paro y a empresas, así como establecer un sistema de uso compartido de información entre servicios sociales y servicios de empleo.

En Fedea animan a aprovechar los fondos para diseñar un mercado laboral compatible con la mejora de la productividad, eliminando la elevada e injustificada precariedad laboral. También piden un refuerzo de los programas de formación, asesoramiento y activación para los beneficiarios del IMV mediante acuerdos con los servicios sociales y de empleo regionales, y un programa para la formación en el puesto de trabajo.

Por último, alientan a la puesta en marcha de un programa para la mejora de la calidad de la gestión empresarial centrada en la digitalización de pymes, formación de gestores y ayudas a la mejora del capital organizativo.

Transición verde

Si la digitalización copa buena parte de los fondos, otro tanto se lleva la transición verde, con un 37% del desembolso final, unos 26.600 millones de euros. En Fedea piden aprovechar buena parte de ese tirón para reindustrializar el tejido productivo español con las nuevas tecnologías limpias, "en línea con el New Green Deal", como la inteligencia artificial, la robótica y la informática de alto rendimiento, tecnologías cuánticas y comunicaciones. También piden colaborar a nivel europeo para mantener la competitividad de la industria de la automoción y el desarrollo de tecnologías complementarias como los vehículos y las baterías eléctricos.

Los expertos demandan también diferentes programas de aumento de competitividad de la industria, en particular de la industria intensiva en energía en un contexto de descarbonización, además del desarrollo de proyectos piloto, demostración y comercialización de tecnologías industriales descarbonizadas en sectores estratégicos. También ven con buenos ojos programas de generación de capacidad productiva de componentes para la transición energética: energías renovables, baterías y otros sistemas de almacenamiento, equipos de alta eficiencia y vehículos eléctricos.

También instan a la puesta en marcha de un plan de recuperación, reestructuración y de mejora de la calidad y la sostenibilidad del sector turístico, con una renovación integral y sostenible de los destinos pioneros y un plan de digitalización turística de los destinos españoles.

Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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