Ayudas europeas y contratación pública

Urge reducir la rigidez el sistema para agilizar los trámites ante la brevedad de los plazos previstos por el Plan de Recuperación de la UE

Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, en Bruselas el 23 de septiembre pasado.
Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, en Bruselas el 23 de septiembre pasado. getty images

Para luchar contra la actual situación de crisis ocasionada por la Covid-19 e impulsar la recuperación económica y social, a través del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, España podrá percibir de Bruselas una elevada cantidad de fondos públicos: 140.000 millones de euros, entre subvenciones y créditos.

Durante la intervención de clausura del II Foro La Toja-Vínculo Atlántico, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que la recuperación económica y social de España requiere un entorno independiente, seguro, perdurable y resiliente, que ha de fundamentarse en dos pilares esenciales: el citado Plan y los Presupuestos Generales del Estado del año 2021.

En relación con el Plan y habida cuenta de su inminente implementación, el Gobierno, mediante la aprobación de un Real Decreto-ley, busca preparar al sector público para absorber y gestionar estas ayudas con transparencia, agilidad y eficacia, removiendo las principales barreras y cuellos de botella legales. En palabras de Sánchez, “necesitamos poner en forma a nuestras Administraciones Públicas”.

La brevedad de los plazos previstos (el 70% de las ayudas debe asignarse a proyectos particulares entre 2021 y 2022; y el restante 30% comprometerse en 2023), que preocupa seriamente al Gobierno, impone una agilidad administrativa que choca con la rigidez del sistema de contratación pública de nuestro país. Indudablemente y en este contexto, urge modificarlo para acelerar los trámites administrativos.

Las sugerencias desde Bruselas (recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España y por la que se emite un dictamen sobre su Programa de Estabilidad de 2020) proponen la mejora de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno (central, autonómico y local), a través del Comité de Cooperación; así como la necesidad de reforzar el marco de contratación pública, a fin de alcanzar una eficiente utilización de las ayudas que impulse la recuperación económica y social.

Otra sugerencia, impulsada también desde Europa (recomendación 2017/1805 de la Comisión de 3 de octubre de 2017 sobre la profesionalización de la contratación pública), insta a garantizar un uso más eficiente de fondos públicos, persiguiendo tres objetivos: desarrollar la arquitectura política adecuada para la profesionalización, mejorar la formación y la gestión de la carrera de los profesionales en materia de contratación y proporcionar herramientas de TI y metodologías de apoyo de la práctica profesional en este ámbito.

Indiscutiblemente, la rigidez de los trámites administrativos no puede ser una piedra en el camino hacia la recuperación. Por ello, la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público puede ser útil para alcanzar una mayor agilidad, ampliando, por ejemplo, los umbrales del procedimiento abierto simplificado, que a priori permite la adjudicación del contrato en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio de licitación.

Otra medida, algo más controvertida, supondría la apreciación, ex lege, del interés económico de la Administración, derivada de la recepción o no pérdida de fondos públicos (en nuestro caso, las ayudas europeas), que habilite la utilización de la tramitación urgente del expediente para acelerar la adjudicación.

Esta reforma, en definitiva, debe ir encaminada a la reducción de tiempos, así como a la eliminación de trámites, tanto en la fase de preparación como en la de adjudicación de los contratos, que permita una mayor agilidad y prontitud, garantizando, eso sí, los principios básicos de la normativa española y comunitaria.

Pero, como sabemos, los problemas no suelen resolverse únicamente con cambios normativos, sino que es necesario que vengan apoyados por una gestión eficaz y eficiente. Y aquí tenemos, tal vez, el mayor de los obstáculos. Frente a lo recomendado desde la Unión Europea, falta una profesionalización en materia de contratación pública, tanto en el sector privado como en muchos entes públicos.

Por ello, constituye una buena noticia que la entidad española de acreditación, ENAC, haya acreditado un esquema de responsable de contratación pública, lo que permite certificar profesionales en esta materia. Ahora solo hace falta que, mejor pronto que tarde, tengamos un extenso cuerpo de profesionales certificados y con la capacitación técnica necesaria para gestionar dichas contrataciones.

Fernando Anaya Martín es socio director de contratación pública de Ideo Legal