Las autonomías aceleran preparativos para captar recursos antes de fin de año

Navarra tiene ya la autorización para emitir hasta 331 millones. Las colocaciones autonómicas en el año son un 20% inferiores a 2019

El Tesoro cuenta con que las comunidades autónomas peguen un estirón en su financiación antes de que acabe el año, dentro de su previsión anunciada recientemente de reducir en 15.000 millones de euros la emisión neta de deuda respecto a lo planificado en mayo. En concreto, unos 10.000 millones de esa rebaja corresponderían a la amortización de deuda de las autonomías con el Estado, en lo que juegan un papel destacado las emisiones públicas en mercado, y de las que se esperan colocaciones antes de que finalice el año.

Hasta el momento, en 2020 solo han acudido a financiarse al mercado de capitales la Comunidad de Madrid –con dos emisiones, una de 700 millones y otra de 1.250 millones de euros, esta última previa al estallido de la pandemia–; País Vasco, con 500 millones de euros captados el 26 de marzo, y Galicia, con una emisión por otros 500 millones de euros en septiembre, que se vio retrasada por la celebración de las elecciones autonómicas en julio.

En total, apenas 2.950 millones de euros de emisiones públicas que suponen un descenso del 20% respecto al total emitido durante 2019. En aquel año, también habían acudido al mercado Castilla y León, Baleares y Andalucía –a la que este año se le vetó el acceso al mercado por haber incumplido los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto en 2018–, además de las comunidades que ya han emitido en lo que va de 2020.

El año sin embargo no está cerrado para las emisiones autonómicas. Navarra ha recibido recientemente autorización para emitir deuda por hasta 331 millones de euros, según aprobó el Gobierno en Consejo de Ministros el pasado día 6 de octubre. También autorizó a endeudarse a largo plazo por hasta 1.250 millones de euros a la Comunidad Valenciana y a Castilla- La Mancha por otros 700 millones de euros, con el objetivo de reestructurar préstamos suscritos entre 2012 y 2019 –en gran parte correspondientes al mecanismo de liquidez concedido por el Estado– a tipos de interés inferiores, con los que rebajar por tanto el coste de intereses.

La emisión pública de Navarra en mercado, antes de que finalice el año y que tendrá la etiqueta de deuda sostenible, será la excepción en unas fórmulas de financiación que se concentran, además de en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), en colocaciones privadas y préstamos bancarios. En el caso de la Comunidad de Madrid, los recursos captados este año ascienden a 4.470 millones de euros, de los que al margen de las dos emisiones públicas (por un total de 1.950 millones de euros), buena parte corresponden a préstamos y a colocaciones privadas, estas por una cuantía total de 612 millones.

“Las colocaciones privadas tiene un importe inferior, de entre 200 y 300 millones de euros y en las públicas ya rondan los 500 millones”, señalan desde el departamento de mercado de capitales de una entidad, donde sí auguran más colocaciones en el próximo año. “No está claro cómo van a llegar los fondos europeos, el próximo año sí podría haber un volumen importante de emisiones autonómicas”, añaden.

”Se observa la gestión de la pandemia pero, en un mercado protegido por el BCE, los inversores acogen muy bien toda la deuda que ofrezca más rentabilidad que el bono soberano”, añaden desde HSBC. Así, en la reciente emisión de Galicia, que pagó un diferencial de 15 puntos básicos sobre el bono soberano a siete años, la demanda superó en 3,6 veces la oferta. Y en la lanzada por el País Vasco en marzo, en la que pagó 25 puntos básicos sobre el bono a 10 años, la sobresuscipción fue de 5,8 veces.

Caída de ingresos y ayuda estatal

Durante el año pasado, las comunidades autónomas lograron financiación en el mercado por 3.650 millones de euros y amortizaron de forma anticipada préstamos con el Estado por más de 5.200 millones.

En este año, la caída de ingresos por la crisis económica desatada por la pandemia y el consiguiente aumento del gasto público elevarán la necesidad de financiación de los gobiernos autonómicos de 34.000 a 41.000 millones de euros, según cálculos de la agencia Moody’s, que prevé una pérdida de la recaudación de las autonomías por 2.000 millones pese a las ayudas estatales

Para compensar esa pérdida de ingresos, el Gobierno ha creado un nuevo fondo no reembolsable para las autonomías por 16.000 millones. Más de la mitad de esa cuantía, 9.000 millones de euros, se dedicará a reforzar el sistema sanitario y otros 2.000 millones, se destinarán a educación. Las comunidades no pagarán intereses. Tampoco les supondrá más deuda.