Las medidas para afrontar la pandemia han costado a la Seguridad Social 13.000 millones

Las exoneraciones de cotizaciones a empresas y autonomos se llevan la mitad de estas ayudas

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá comparece en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso.EFE

El sistema de Seguridad Social --sin incluir el Servicio Público de empleo-- cerrará este año con un déficit récord nunca antes alcanzado del 2% del PIB, según la cifra facilitada hoy por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lo que supondrá superar los 22.000 millones de euros.

Este aumento de los números rojos del sistema --antes de la crisis se esperaba un déficit del 1,3%-- refleja, según Escrivá un caída coyuntural de los ingresos por la bajada de la afiliación debida a la destrucción de empleo. "Eso algo transitorio, que se irá corrigiendo en el tiempo, aunque algún efecto tendrá todavía en el año 2021", ha indicado el ministro para, acto seguido, añadir que dicha caída de los ingresos no recuperará su situación precovid hasta 2023.

En paralelo, Escrivá ha anunciado que su departamento tiene previsto transferir al Estado los gastos impropios de la Seguridad Social, que cifró en unos 23.000 millones de euros en una de sus comparecencias previas. De hecho, ha avanzado que el aumento del techo de gasto en más del 50% anunciado ayer por el Gobierno ya incluye una parte de esta transferencia. "Ya hay una provisión muy significativa (en el techo de gasto) para que en el Presupuesto de 2021 se materialice un importante avance", ha resaltado el ministro.

Es más, ha precisado: "Preventivamente hemos dejado el espacio suficiente para ordenarlo completamente en esta legislatura", en referencia al citado traspaso de los 23.000 millones de gastos impropios, que ahora se pagan con cotizaciones, al Estado.

Las cuentas de la Seguridad Social de este año incluyen los 13.000 millones de gasto adicional en los que ha incurrido el sistema por el pago de ayudas a empresas y trabajadores por la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 entre marzo y septiembre, según ha anunciado también hoy Escrivá. Asimismo ha desglosado esta cantidad, avanzando que la partida de gasto más abultada han sido las exoneraciones de cotizaciones empresariales por los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a lo que se han destinado en estos siete meses 5.218 millones de euros. A esto se le suman 2.203 millones para exoneraciones para trabajadores autónomos. De esta forma, dichas rebajas de cuotas emprsariales representan más de la mitad de estas ayudas.

Junto a ello se han abonado prestaciones extrarodinarias a los autónomos por valor de 4.138 millones de euros y otros 1.369 millones de euros para pagar bajas por incapacidad temporal de trabajadores afectados por el virus ya sea por contagio o por aislamiento por ser contacto estrecho. En este caso, Escrivá ha dicho que el 73% son bajas por estar en cuarentena por contact y el 27% restante por estar infectados directamente.

Si bien, a efectos contables, estos 13.000 millones de ayudas, que se incrementará en los próximos meses que restan de año aunque previsiblemente en menor medida, se abonarán con la transferencia de 14.500 millones de euros de un credito estatal aprobado por el Gobierno en mayo. De esta forma, el mayor gasto quedará compensado con este ingreso. Además, si al coste de estas ayudas se le suma el gasto en prestaciones por desempleo de los afectados por ERTE, la cuantía total de la cobertura de la crisis a empresas y trabajadores se elevaría a unos 22.000 millones de euros.

Urge la reforma de pensiones

En este escenario, el titular de Seguridad Social urgió nuevamente a los grupos parlamentarios a que cierren un acuerdo de recomendaciones para reformar las pensiones en la Comisión del Pacto de Toledo porque, según ha dicho, "existe una dimensión europea, en la que tenemos que explicar qué vamos a hacer con las pensiones", ya que su reforma forma parte de las que ha solicitado la Comisión Europea, especialmente dentro de la concesión de recursos del Fondo de recuperación y resiliencia".

Así ha dejado entrever que el acuerdo en el Pacto de Toledo podría ser cuestión de días o semanas como mucho, ya que, en su opinión, "no hay mejor momento que este para cerrar el consenso en el Pacto" y acabar así con "la angustia" de 10 millones de pensionistas, que se ha visto además agravada por la pandemia.

Escrivá ha revisado también el proceso de concesión del Ingreso Mínimo Vital, asegurando que del millón de solicitudes recibidas telemáticamente ya se han concedido más de 90.000 ayudas, se han denegado otras 86.000 y unas 146.000 están en proceso de subsanación de datos. Si bien, tras los cambios legales operados (cruce de datos con el INE para conseguir la certificación del padrón o eliminar la inscripción en el desempleo como requisito previo, entre otros), la Seguridad Social prevé agilizar estas concesiones, de modo que a final de año ya haya alrededor de 550.000 familias cobrando esta ayuda.

Posteriormente, ha indicado que tras una primera evaluación de esta prestación que se hará en enero, "se abrirá una segunda fase" para intentar llegar con esta ayuda a otras 300.000 familias que no la hayan solicitado por su elevado grado de vulnerabilidad.