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Covid-19

Madrid y nueve municipios de la Comunidad entran en confinamiento perimetral

La Comunidad de Madrid ha publicado en su Boletín Oficial la orden con las medidas aprobadas por el Consejo Interterritorial de Sanidad el miércoles, que fuerza la adopción de restricciones en las localidades más afectadas por el coronavirus. La norma, que supondrá el confinamiento perimetral de 10 ciudades madrileñas, incluida la capital, y nuevas restricciones a ciertas actividades comerciales, entrará en vigor a las 22 horas, según han indicado López y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. A las 22.48 vence el plazo de dos días, desde la notificación oficial del ministerio a la comunidad, para aplicar el acuerdo del consejo interterritorial.

La presidencia de la región ha renunciado a pedir a la Justicia la suspensión urgente de dicha resolución ministerial mediante la solicitud de medidas cautelarísimas. Pero sí ha presentado un recurso en la Audiencia Nacional contra la norma de Sanidad, en el que solicita medidas cautelares, ya que alega una invasión de competencias "mediante una utilización torticera del consejo interterritorial". Las localidades afectadas son Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

Además, el BOCM publica la prórroga de las medidas de restricción de la movilidad aplicadas previamente por la Comunidad de Madrid a varias zonas básicas de salud por otros 14 días a "efectos de consolidar la mejoría y controlar en mayor grado la transmisión de la enfermedad. Una decisión que afecta a las zonas básicas de Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes), los municipios de Humanes y Moraleja de Enmedio y, como novedad, al municipio de Villa del Prado. 

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En rueda de prensa, el consejero de Justicia, Enrique López, ha confirmado que "por lealtad" se ha aprobado la norma, "impuesta por el ministerio a pesar de considerarla nula". En una rueda de prensa con multitud de críticas a las medidas de Sanidad, López  ha cifrado un impacto de 8.000 millones de euros por cada mes de restricciones y ha señalado que "generan caos". El consejero ha señalado que las medidas ya adoptadas por la comunidad estaban teniendo efecto.

La fórmula de la suspensión cautelar prevé diez días para la presentación de alegaciones y cinco días más para que la Audiencia Nacional tome una decisión, es decir, hasta el 17 de octubre. Las restricciones, según la normativa de Sanidad, se decretarán "por un periodo limitado", aunque pueden prorrogarse o finalizar en función del cumplimiento o no de los umbrales de incidencia determinados. López ha admitido que el recurso al tribunal "no evitará" que se apliquen las restricciones, pero ha recurrido para "evitar este uso del consejo interterritorial".

La comunidad de Madrid señala en su petición a la Justicia que "tales medidas, además de afectar sensiblemente a la vida ordinaria y a la actividad económica, implican una limitación de derechos fundamentales", y recuerda el voto particular de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno regional. "La Orden del Ministro", añade el escrito, "supone la aplicación de unas limitaciones propias del estado de alarma".

Las localidades afectadas son las que cumplen los tres criterios a partir de los cuales las restricciones son obligatorias: una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, más del 10% de positivos en las PCR y un índice de ocupación superior al 35% en las UCI de la comunidad autónoma. La presidenta, Isabel Díaz-Ayuso, ha publicado en Twitter una crítica a la medida: "Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín pero no desde Parla. Gracias por el caos, Pedro Sánchez". Parte de Parla ya estaba sujeta a confinamiento perimetral por orden del Ejecutivo regional.

Las restricciones estarán, en todo caso, sujetas a la validación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al igual que las ya decretadas por el Gobierno regional. Mientras esto suceda, las administraciones no prevén sancionar a los individuos que incumplan la normativa, "lo que no quiere decir que no haya que cumplir la norma", indicó López. Mientras tanto, los controles serán meramente informativos.

López ha señalado, además, que a partir de esta noche llegarán los apoyos logísticos solicitados por la comunidad al Gobierno central. Hoy, de hecho, este tribunal ha avalado la ampliación de las restricciones a ocho nuevos distritos  aprobada por la comunidad el viernes y que entró en vigor el lunes.

El presidente del Gobierno, en una rueda de prensa en Bruselas, ha señalado que "las medidas que ha adoptado la Comunidad de Madrid son las adecuadas, pero son insuficientes, lo dicen los médicos, lo dicen los sanitarios, que hay que tomar medidas más drásticas. No hablamos de confinar, hablamos de limitar movimientos". Por ello, Sánchez ha pedido "a los responsables públicos que piensen en los médicos, en los fallecidos, que actuemos con criterios científicos. Tomémoslo en serio".

Restricciones

Las medidas aplicadas en la Comunidad de Madrid consisten en prohibir la entrada y salida de los municipios afectados salvo por motivos como desplazamientos sanitarios, laborales, educativos y otras causas tasadas, como cuidado de menores, mayores o personas con discapacidad o la realización de trámites inaplazables. Se prohibirá a los madrileños salir de los límites de la capital sin causa justificada, limitación que ya sufren un millón de habitantes de la comunidad, los que viven en áreas sanitarias con mayor incidencia del coronavirus. También se limitarán las reuniones a seis personas, otra medida ya en vigor en toda la Comunidad de Madrid y que se mantendrá para toda la región, según

El borrador establece unas pautas y directrices en cuanto a los horarios y los aforos máximos en función del tipo de establecimiento. En los establecimientos y locales comerciales y servicios abiertos al público, el aforo máximo será del 50%. La hora de cierre no podrá superar las 22:00 horas, salvo las excepciones que se prevean.

En los establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas, por su parte, el aforo máximo será del 50% en espacios interiores y del 60% en espacios exteriores. El consumo en barra no estará permitido, las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas. También, la ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas, no podrán admitirse nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y la hora de cierre no podrá superar las 23:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.

Se trata, en todo caso, de unos estándares mínimos: "Las medidas previstas constituyen un mínimo a aplicar por las comunidades autónomas, sin perjuicio de otras medidas que estas puedan aplicar en ejercicio de sus competencias". También se urge a las comunidades a recomendar evitar todo desplazamiento innecesario y a reforzar capacidades de diagnóstico, control y atención sanitaria.

Batalla legal

La resolución publicada el miércoles por Sanidad que obliga las restricciones indicaba que "este acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud". Sanidad se apoya en la ley de Régimen Jurídico del Sector Público (artículo 151), que apunta que el cumplimiento de los acuerdos del consejo es de obligado cumplimiento "cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias" entre las que está la coordinación sanitaria.

La Audiencia Nacional ha dado un plazo de diez días a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para presentar el informe de alegaciones que defienda la medida cautelar solicitada. La Comunidad basa su argumentario en la invasión de competencias, al asegurar que las de salud pública son de titularidad regional, y en la falta de consenso en el consejo interterritorial de salud: "Se convierte lo que debe ser un órgano para la coordinación consensuada, en un mecanismo de inavasión de la competencia autonómica".

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