El Gobierno ampliará hasta fin de año las ayudas del ICO al alquiler, de 900 euros al mes

Prorroga sin fecha la vigencia de los fondos dotados a las autonomías para aliviar la tensión residencial

Viviendas en alquiler y a la venta.

Junto a la prórroga de parte del escudo social en materia de vivienda aprobada ayer por el Consejo de Ministros, el Gobierno ampliará también el plazo para que los arrendatarios soliciten las ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un lado, y la vigencia del programa de ayudas en manos de las comunidades autónomas, por otro. Las dos órdenes ministeriales aparecerán recogidas previsiblemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves, ya que no dio tiempo a su publicación en el documento de este miércoles, explican fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

De esta forma, la cartera que dirige José Luis Ábalos ha dado luz verde a ampliar, en esta ocasión hasta el 30 de noviembre, el plazo para que los arrendatarios puedan solicitar los préstamos ICO para el alquiler en las mismas condiciones en las que venían funcionando hasta ahora. En este caso, el Estado concede un préstamo de hasta 5.400 euros por hogar para financiar un máximo de seis mensualidades, a 900 euros por periodo. Con esta ampliación, estas ayudas podrán formalizarse hasta fin de año.

No hay datos oficiales del impacto que esta medida ha tenido desde su puesta en marcha en el mes de abril, aunque las entidades financieras han dejado caer en varias ocasiones que la proporción de solicitudes ha sido baja. Entre otras razones, han señalado tanto asociaciones de propietarios como sindicatos de inquilinos, porque aunque las ayudas tengan que devolverse en un plazo de hasta 10 años a cero interés, implican un endeudamiento de los hogares en tiempos en los que los ingresos han caído a causa de la crisis sanitaria y económica.

Para acogerse a estas ayudas, que ahora podrán gestionarse hasta final de año, los arrendatarios deben acreditar una reducción de ingresos, estar en situación de desempleo o bajo un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE), o haber reducido su jornada por motivo de cuidados o por otras circunstancias sobrevenidas vinculadas a la pandemia. Además, el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la ayuda, no debe alcanzar el límite de cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM), es decir, unos 2.689 euros.

A su vez, la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos (agua, gas, luz y telecomunicaciones) debe estar por encima del 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Los beneficiados tampoco pueden ser propietarios de una vivienda habitable en España.

Además de las ayudas vinculadas al ICO, en otra orden ministerial que también saldrá publicada mañana, Mitma ampliará, esta vez sin una fecha tope en el horizonte, la vigencia de todo el Programa de ayudas a la vivienda Covid-19, con el objetivo de que las comunidades autónomas puedan seguir tramitando todas las solicitudes recibidas en materia residencial a lo largo de estos meses sin miedo a su vencimiento.

En este caso, el Ejecutivo liberó a las autonomías, que son las que tienen competencias en materia de vivienda, unos 800 millones de euros comprometidos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para dotar a las regiones de un músculo financiero con el que poder gestionar el aluvión de peticiones.

El Gobierno transfirió dinero por importe de 346,6 millones y 354,2 millones de euros para 2020 y 2021, respectivamente, además de flexibilizar las normas de gasto de estos montantes. También se movilizaron otros 100 millones de euros por la concesión de un suplemento de crédito en la partida de ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda, que se dirigieron a ayudas a los arrendatarios en el plan de choque en el alquiler. Con esta ampliación sine díe de los plazos, las autonomías tendrán tiempo suficiente para poder gestionar estos fondos sin que caduquen, tal y como confían en Mitma.

El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a la prolongación durante cuatro meses más de parte del escudo social en materia de vivienda, hasta el 31 de enero. Por un lado, mantuvo la prohibición de los desahucios para hogares vulnerables, y por otro, se amplió la posibilidad de alargar los contratos del alquiler en las mismas condiciones en las que se habían firmado antes del Covid-19, esto es, sin subidas abusivas. El Gobierno, sin embargo, no prolongó la otra pata en la que sustentaba el escudo social, y en la que entraban la moratoria hipotecaria y la prohibición del corte de suministros básicos tales como el agua, la luz y el gas a familias vulnerables, dos medidas que vencerán en el día de hoy. Sí modificó, no obstante, el bono social eléctrico, dando acceso a las personas vulnerables hasta el 31 de julio de 2021.