El veto a las alzas del alquiler y los desahucios se alarga a enero, pero concluye la moratoria hipotecaria

El Ejecutivo tampoco prorroga el veto a los cortes de suministros básicos, pero reforma el bono social eléctrico

Escudo social Consejo Ministros

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la prolongación durante cuatro meses más de parte del escudo social aprobado en abril en materia de vivienda, hasta el próximo 31 de enero. Por un lado, se mantiene la prohibición de los desahucios para hogares vulnerables, y por otro, se amplía la posibilidad de alargar los contratos del alquiler en las mismas condiciones en las que se habían firmado antes del golpe del Covid-19, esto es, sin subidas abusivas de las rentas.

El Gobierno, sin embargo, no prolongará la otra pata del escudo social, en la que entraban la moratoria hipotecaria y la prohibición del corte de suministros básicos tales como el agua, la luz y el gas a familias vulnerables, por lo que ambas medidas vencerán este miércoles. 

Respecto a la prohibición de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional, los hogares tendrán que acreditar que cumplen con los requisitos de vulnerabilidad adoptados en abril por el Ejecutivo, y que se mantienen. Así, no podrán sufrir un desahucio quienes se encuentren desempleados debido a la crisis del Covid-19, quienes haya sufrido un ERTE, quienes hayan visto reducida su jornada por cuidado de niños o personas mayores y quienes se vean afectados por otras circunstancias que supongan una pérdida sustancial de ingresos.

Para acreditar esta vulnerabilidad, el conjunto de la unidad familiar no podrá superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), unos 1.613 euros mensuales en total, a los que se le añaden 0,1 veces el Iprem en caso de tener menores o personas mayores a cargo, y 0,15 veces el Iprem en el caso de ser familias monoparentales (1.667 y 1.694 euros al mes respectivamente). En el caso de ser empresario o autónomo, se debe haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos o una caída en la facturación de al menos el 40%.

También se prolongarán las medidas sobre grandes tenedores respecto al alquiler. Propietarios e inquilinos podrán negociar las rentas, y en el caso de no llegar a acuerdos, los dueños tendrán que decidir entre rebajar el 50% del alquiler o reestructurar el pago de la deuda durante un abanico de hasta tres años. Cuentan como grandes tenedores de vivienda aquellas personas físicas o jurídicas con 10 o más inmuebles o más de 1.500 metros cuadrados construidos, exceptuando trasteros o garajes.

De igual forma, recoge Europa Press, el Gobierno ha creado un nuevo supuesto para acceder a la condición de consumidor vulnerable y, con ello, ampliar la protección a aquellas personas afectadas por la pandemia, dándoles acceso al bono social eléctrico hasta el próximo 31 de julio de 2021, informaron fuentes del Gobierno. Así, serán considerados consumidores vulnerables, condición que da acceso a un descuento directo en el recibo de la luz del 25%, aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos.

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