Industria

Alcoa se prepara para el despido de 534 trabajadores al fracasar la venta de San Cibrao

La firma estadounidense, acusada por Industria y la Xunta de mala fe, cita al comité para negociar salidas de trabajadores

Alcoa canceló finalmente las conversaciones con la británica Liberty House para la venta de su planta de San Cibrao (Lugo), apenas una hora antes de que finalizara, a las 00.00 horas del lunes, el plazo establecido para llegar a un acuerdo. Y en la mañana de este lunes ha instado al comité de empresa a retomar la negociación del ERE o ERTE que podría dejar en la calle a 534 trabajadores de forma directa, y casi un millar de forma indirecta, en la comarca lucense de A Mariña.

La multinacional estadounidense ha alegado que le ha sido “imposible” alcanzar un acuerdo ante las “demandas poco razonables” de GFC Alliance, propietario de la compañía británica. Además, ha defendido en un comunicado que ha negociado de “buena fe a lo largo del proceso” y que hizo una “oferta equilibrada” para ambas partes y con “varias concesiones”. También ha asegurado que GFG “no ha negociado dentro del plazo que se comprometió a cumplir, que se ha negado a proporcionar ningún tipo de financiación para apoyar el futuro de la planta y que ha insistido en términos comerciales poco razonables”. Hace días ya la acusó de “demandas no razonables” con las que ponía en riesgo la operación.

Según Alcoa, la factoría de San Cibrao, la única que le queda en España, se encuentra en una situación insostenible debido a la falta de un marco energético competitivo en costes y certidumbre para la producción de aluminio, de modo que ha acumulado pérdidas que suman más de 110 millones de euros entre 2018 y 2019. De hecho, la empresa afirma que la planta está perdiendo “aproximadamente un millón de euros por semana”.

Por otro lado, también ha reconocido que el Gobierno hizo propuestas en los últimos días a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como la compra temporal de la factoría, aunque, en su opinión, incluían una serie de cuestiones que impedían llegar a un acuerdo en condiciones comerciales razonables; entre ellas, la solicitud de derechos preferenciales sobre la refinería.

El Gobierno central y la Xunta de Galicia han señalado a Alcoa como la “responsable del fracaso en las negociaciones” y la acusaron de “empujar a los trabajadores a un conflicto innecesario”. “Había soluciones para alcanzar un acuerdo de compraventa”, aseveraron.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el consejero de Economía, Empresa, Francisco Conde López, se han reunido telemáticamente con representantes de UGT, CC OO y CIG, a los que le trasladaron su malestar, y urgieron a la firma a “reflexionar sobre las consecuencias que su decisión tendrá para los trabajadores, sus familias y la comarca de A Mariña”. También han apremiado a la empresa a aceptar alguna de las soluciones que el Gobierno le ha ofrecido para salvar los empleos.

De su lado, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha denunciado que la sociedad condicionó a “despidos firmados” una ampliación del plazo de negociación con la SEPI. Representantes de Alcoa y el comité de empresa de la planta empezaron ayer a negociar en el Pazo de Cea de Nigrán (Pontevedra), flanqueados por furgones de la Guardia Civil. El comité de empresa sopesa llevar la venta frustrada a los tribunales. Mientras, pide a Alcoa que se avenga a negociar la venta con SEPI.

 

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