La Comisión identifica siete áreas de actuación para que los socios inviertan los fondos europeos
Incluyen la eficiencia energética, la digitalización de la Administración pública o la renovación de edificios
La Comisión Europea ha pedido este jueves a los Estados miembros que destinen las ayudas del fondo de recuperación a un total de siete áreas que el Ejecutivo Comunitario ha identificado para una correcta absorción del dinero, a fin de asegurar la reconstrucción económica a corto plazo y garantizar un crecimiento sostenido en el futuro. Bruselas se centra en impulsar las energías renovables, la eficiencia energética en edificios, el transporte limpio, el despliegue de banda ancha de internet, la ampliación de la nube, la modernización de las Administraciones públicas y la actualización de los sistemas educativos nacionales.
Pese a estas directrices, las capitales deberán respetar también las recomendaciones económicas que Bruselas les hace cada año, en particular las de 2019 y 2020, centradas principalmente en el Pacto Verde y en el crecimiento sostenible. Es vital, explica la Comisión, que los Estados miembros impulsen "la capacidad de absorción de fondos de la UE a nivel nacional". España, sin ir más lejos, solo ejecutó el 35% de los fondos que tenía reservados para el periodo 2014-2020. Esta vez, únicamente en 2021 y 2022, recibirá unos 43.000 millones de euros en transferencias a fondo perdido.
Las recomendaciones particulares para cada país se incluyen en el Semestre Europeo. Pero en términos generales, la Comisión se centra en siete ámbitos en los que insta que se invierta el dinero. En lo relativo a la transición verde, uno de los pilares del fondo, pide el desarrollo de tecnologías limpias "preparadas para el futuro" y la aceleración del desarrollo y uso de energías renovables. También insiste en la renovación y rehabilitación del parque de edificios, tanto públicos como privados. A su vez, recomienda promover las tecnologías limpias en el transporte y la movilidad, con estaciones de carga y repostaje que también se extiendan al transporte público.
En lo que atañe a la digitalización, la Comisión propone otros tres ámbitos de actuación: por un lado, el despliegue de servicios de banda ancha rápidos en todas las regiones y hogares, incluidas las redes de fibra y 5G. Por otro, la digitalización de la administración y los servicios públicos, incluidos los sistemas judicial y sanitario, y el aumento de las capacidades de la nube de datos industriales europeos, así como el desarrollo de los procesadores más potentes, de vanguardia y sostenibles.
Por último, Bruselas pide adaptar y actualizar los sistemas educativos nacionales para apoyar las competencias digitales y la formación educativa y profesional para todas las edades.
"El Fondo de Recuperación y Resiliencia es el corazón de NextGenerationEU", ha explicado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. De los 750.000 millones de euros acordados por los Veintisiete, un total de 672.500 millones irán a parar a esta palanca. "Es nuestra herramienta clave para convertir los desafíos inmediatos que presenta la pandemia en una oportunidad a largo plazo". Así, ha asegurado, los Estados miembros necesitan una orientación clara para garantizar que el dinero "se invierta tanto para la recuperación económica inmediata" como para "un crecimiento sostenible e integrador a largo plazo. Hoy presentamos esta guía y estamos listos para ayudar a los Estados miembros a desarrollar sus estrategias nacionales".
De estos 672.500 millones, 360.000 millones se desembolsarán en préstamos y 312.500 en subvenciones a fondo perdido, de las cuales a España le corresponderían 59.168 millones de euros, según el criterio de reparto acordado por los líderes de los Veintisiete en julio, que restó algo de peso al nivel de desempleo a la hora de asignar fondos. España podría recibir hasta 43.480 millones en subvenciones entre 2021 y 2022, y 15.688 millones en 2023 en función de cómo vaya la recuperación económica.
La validación de los planes que los países presenten corresponderá a los propios Estados miembros y la Comisión. Los socios, de hecho, podrán bloquear mediante una especie de freno de emergencia aquellos proyectos que no cumplan con los requisitos fijados en el Consejo Europeo a finales de julio, cuando se aprobó el plan.
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