Ábalos arranca su plan para aumentar el parque público residencial en más de 20.000 viviendas
El ministro pide orillar las diferencias para lograr unos presupuestos de reconstrucción
El Plan 20.000 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que aspira a configurar por primera vez un verdadero parque público de vivienda en alquiler a precios sociales o asequibles en España, comienza a rodar. El ministro de Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha presentado este jueves en Valencia un proyecto que pretende situar al país en cotas más cercanas a los socios europeos pioneros en la gestión pública del arrendamiento. En España, solo un 2,5% del parque residencial está en manos de la Administración, un porcentaje muy alejado del 17% francés, el 24% austriaco o el 30% danés y neerlandés, según los datos de la oficina estadística Eurostat. Para ello, Mitma trabaja sobre más de 20.800 viviendas ya identificadas.
La iniciativa parte de la colaboración público-privada, y se centra en aquellas zonas del país con un mercado residencial especialmente tensionado en materia del alquiler, como Madrid, Barcelona y Valencia y sus respectivas áreas metropolitanas, así como Sevilla, Málaga, los dos archipiélagos y las dos ciudades autónomas. El plan está dirigido, explican desde la cartera que dirige Ábalos, a "arrendatarios con un límite de ingresos", reduciendo así el esfuerzo en la relación alquiler y renta.
Todo se llevará a cabo a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), adscrita a Mitma, junto con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el conjunto de administraciones regionales y locales, y el sector privado. El objetivo del Gobierno es ceder a las promotoras y constructoras interesadas parte del suelo público a coste cero durante un plazo que al principio se movía en torno al medio siglo y que finalmente rondará los 75 años. Durante todo este tiempo, las empresas, además de construir los inmuebles, deberán tramitar y gestionar los alquileres asequibles o sociales. Pasados estos 75 años, las viviendas, con su correspondiente suelo, volverían a engrosar el parque público. Es, ha dicho Ábalos, una "nueva forma de entender la política de vivienda".
La idea de Mitma no es ceder únicamente terrenos que pertenezcan al Estado, sino que las propias administraciones autonómicas y locales puedan hacer lo propio a fin de incrementar el parque residencial en sus respectivas zonas. Algunas como Canarias o Comunidad Valenciana, de hecho, ya se han mostrado interesadas.
En el proyecto también han participado otros Ministerios, como el de Defensa. Así, en la ciudad de Valencia, donde se han proyectado a corto plazo casi 1.000 viviendas, los suelos cedidos se encuentran en el cuartel de ingenieros y el cuartel de la artillería. En Madrid se han proyectado ya 1.800 nuevas viviendas, en Málaga, 1.300, en Sevilla, casi 1.000, y en Ibiza algo más de 500. "Estamos trabajando sobre un total de 20.876 viviendas ya identificadas, lo que equivaldría a superar con creces el objetivo de legislatura, sin menoscabo de impulsar nuevos convenios y comprometer nuevas actuaciones de aquí a 2023", ha señalado Ábalos.
Para ello, ha recordado el ministro, también será necesario "arrimar el hombro y orillar las diferencias" a fin de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de reconstrucción que faciliten el acceso a los 72.000 millones en ayudas directas del fondo europeo.
Ábalos también ha defendido el establecimiento de un régimen estatal que permita a las autonomías garantizar el derecho de vivienda, que "no es un derecho básico más", ante los precios abusivos del alquiler. Y ha avanzado que el Gobierno presentará "muy pronto" en el Congreso la primera ley estatal de vivienda de la democracia.
En verano, el Banco de España instó al Gobierno a incrementar el tamaño del parque público de viviendas a fin de contrarrestar los efectos que la crisis sanitaria y económico del coronavirus Covid-19 han ocasionado en un mercado que ya partía de una situación crítica. Según los datos que maneja el supervisor, los alquileres se encarecieron hasta un 50% en el último lustro. Además, cerca del 43% de los hogares arrendados en el mercado libre destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda, un porcentaje más de 10 puntos superior al límite recomendado.
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