El dilema de esta pandemia: ¿dependencia o independencia?
El gasto público en cuidados de España es menor que la media de la OCDE y los Presupuestos deben materializar lo que hasta ahora son intenciones
Proclamaba la escritora inglesa Mary Anne Evans (firmaba con el seudónimo de George Eliot) que “nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros sobre ellas”, y es que más allá de los estériles debates con fondo ideológico de que hemos sido testigos los españoles en el Congreso de los Diputados, el verdadero debate se avecina con la confección de los Presupuestos Generales del Estado 2021. Todo aquello que no esté contenido en el primer anteproyecto que se presente en septiembre habrá quedado como una mera intención pero sin efecto reformista ninguno. Y precisamente ahora nos toca elegir entre otorgar fondos para la atención a la dependencia o suministrar fondos y atención a la independencia.
Ha publicado recientemente el Congreso de los Diputados el documento final de conclusiones de la Comisión para la reconstrucción económica y social, que fue votado y aprobado el pasado 22 de julio en el Pleno del Congreso. Y más allá de que todas las medidas de calado social que requiere una reforma estructural del modelo de atención a la dependencia quedaron en el aire al no ser aprobadas las conclusiones referidas a políticas sociales, todavía estamos a tiempo de abordar la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) si se incluye el apoyo económico necesario en el primer anteproyecto de los PGE 2021.
Aproximadamente 1,5 millones de ciudadanos españoles tiene problemas para el desarrollo normal de sus actividades diarias, y para salvar estas dificultades acuden al SAAD, que es el instrumento público encargado de dar respuesta a sus necesidades. Dos tercios de las personas con dependencia reconocida son mujeres y un tercio son hombres, y en este momento el 22% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación del SAAD, aun cuando tengan derecho a las mismas.
Es un modelo que se asfixia económicamente por la falta de financiación y que no tiene capacidad para atender a todas las personas que lo necesitan. Esto provoca que una parte de los cuidados recaiga sobre las propias familias y en menor medida sobre el sector privado.
Con un coste global de 8.300 millones de euros, el 85% de este gasto recae en las administraciones públicas, y el 15% restante fue aportado por los propios usuarios mediante la fórmula de copago. Y de esa parte financiada por las administraciones públicas, el 83% es aportado por las comunidades autónomas y el 17% restante por la Administración General del Estado. El momento de bonanza económica en el que se originó el SAAD (año 2006) auguraba un futuro en el que la protección social experimentaría un importante avance, al consolidarse dicho sistema como complemento del resto de las prestaciones públicas preexistentes.
La crisis económica truncó las expectativas, desencadenando la aprobación de un conjunto de medidas de ajuste, tales como la suspensión del nivel acordado de financiación, la disminución de la aportación del nivel mínimo, el retraso de la entrada de los dependientes moderados, la reducción de la intensidad protectora y el incremento de los copagos.
Mientras que en la tasa media de la OCDE de inversión del gasto público en cuidados se sitúa en el 1,4% del PIB, España se sitúa en una de las peores posiciones con una inversión del 0,7%. Países Bajos (4,3%), Suecia (3,2%), Francia (1,9%) o Irlanda (1,8%) son países de nuestro entorno cuya realidad y compromiso superan en mucho nuestras expectativas, y se convierten en un referente para nuestro Gobierno.
La paradoja en nuestro país se torna complicada para las personas con pensiones más altas, ya que son excluidas del sistema público (habiendo sido las que más impuestos han pagado durante su vida laboral) y la universalidad de la atención se vuelve irreal cuando dichas personas con pensiones más elevadas no perciben ninguna ventaja de un servicio público.
Por otro lado, las expectativas de las personas mayores y de las familias van en aumento y se produce una demanda cada vez mayor de una gran variedad de ofertas de servicios y cuidados de calidad.
Con una evolución de la tasa de dependencia (cociente en porcentaje entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) en España del 54,2% en 2019, y tasas estimadas del 62,4% en 2033 y del 75,8% en 2068, no tenemos mucho más margen de maniobra para comenzar a actuar.
Y ahora mismo nos encontramos con el grado suficiente de sensibilización en la sociedad española para destinar los fondos necesarios a solventar este problema de financiación y concepto del Sistema de Atención a la Dependencia. Para ello, sería necesario una aportación progresiva y adicional de 1.000 millones de euros durante los próximos cuatro años. Eso nos situaría todavía por debajo de la media de la OCDE, pero ya estaríamos en un entorno de inversión en cuidados de larga duración del 1% del PIB.
La sociedad está concienciada y disponemos de los recursos necesarios con la inyección económica europea, pero ahora queda comprobar si realmente vamos a destinar esos fondos necesarios para atender a la dependencia o si vamos a seguir enfrascados en prestar atención a los modelos territoriales, cuotas, problemas de identidad cultural y zarandajas similares.
Mientras no hagamos un ejercicio de madurez y prioricemos la resolución de los problemas reales que nos afectan a los ciudadanos, nuestras acciones seguirán hablando de nosotros, tal y como decía hace un siglo Mary Anne Evans.
Jesús Cubero es secretario general de Aeste