Crisis del Covid-19

Fedea advierte de que el paro de larga duración ha crecido casi un 17% desde febrero, hasta 1,4 millones

La Fundación asegura que el aumento de parados de más de 12 meses es uno de los problemas más costosos y más difíciles de resolver en las crisis económicas

Una terraza vacía en Aranda de Duero (Burgos).
Una terraza vacía en Aranda de Duero (Burgos).

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido en un informe de seguimiento de la crisis del Covid-19 que, a pesar de la evolución positiva del mercado laboral en el mes de julio, la mejoría ha tenido un impacto desigual en los parados dependiendo de la duración del desempleo. En concreto, mientras el paro de corta duración ha caído notablemente, el de larga duración ha seguido creciendo, aumentando en 208.021 personas (un 16.8%) desde febrero, hasta un total de 1.446.606 a julio de 2020.

En el quinto boletín de seguimiento de la crisis, Fedea recopila una batería de indicadores que facilitan el seguimiento de los efectos de la pandemia y asegura que el aumento de parados de larga duración (más de 12 meses) es uno de los problemas comunes en las crisis económicas, "de los más costosos y más difíciles de resolver".

De hecho, el número de desempleados de más de tres meses ha ido creciendo progresivamente, no sólo por los ceses que se han producido en marzo, sino también porque una parte sustancial de los desempleados concentran sus episodios de empleo en la primavera y el verano. De esta forma, a partir del mes de junio, el grupo de parados más numeroso dejó de ser el de parados de menos de tres meses a parados de más de año y medio.

Fedea explica entre junio y julio, el paro de corta duración cayó en 133 mil personas, mientras que el de larga duración aumentó en 43 mil personas. Los parados con duración entre tres y seis meses son los que más han caído (154 mil personas). En este sentido, desde febrero hasta julio, el paro de larga duración ha aumentado en 208.021 personas (un 16.8%).

Por otro lado, la fundación explica en su estudio que existe una fuerte discrepancia en el segundo trimestre entre los datos de la EPA y los de la Seguridad social en relación con la destrucción de empleo y otras variables de interés, como la cobertura de los ERTE, algo que no lo achaca solo a los efectos de la pandemia sobre el empleo irregular sino a las dificultades prácticas que la pandemia ha generado para la realización de la encuesta. Por ello, insta a que se detalle la calidad de la encuesta, ya que es una guía de indicadores de la política económica.

La recuperación

Fedea señala que la actividad "parece haber tocado ya fondo" y da paso a un “incipiente proceso de recuperación”, que se inició en mayo en la construcción y en junio en el resto de sectores. Las áreas económicas más afectadas son la turística y la de servicios, en concreto la hostelería, así como las actividades deportivas y de entretenimiento, sectores que en julio habían perdido entre un tercio y dos tercios de su ocupación “normal”.

La recuperación de estos sectores, además, se está viendo "seriamente amenazada" en las últimas semanas por el rebrote de la tasa de contagios y las restricciones impuestas por algunos importantes países emisores de turistas a los viajes a España. Así, en términos territoriales, las regiones más afectadas por la crisis están siendo las comunidades insulares debido al elevado peso del sector turístico. En el extremo opuesto se encuentran las regiones de Extremadura, Murcia y Castilla la Mancha, con un elevado peso del sector agrario y las menores caídas de los índices de actividad.

Aun así, asegura que aunque los ingresos tributarios siguen empeorando debido al retardo existente entre actividad y recaudación, el gasto en prestaciones por desempleo y contingencias similares ha comenzado a reducirse significativamente y el consumo y la contratación han empezado a reanimarse tras el fin del confinamiento.

Actuaciones urgentes

En relación con las medidas contra la crisis, Fedea ve primordial establecer los mecanismos necesarios para la elaboración y puesta en marcha de los planes de recuperación para asegurarse del “buen uso” de las ayudas europeas. Recuerda que el 21 de julio el Consejo Europeo aprobó la creación de un Fondo comunitario de recuperación dotado con 750.000 millones de euros entre préstamos y transferencias directas, de los que se calcula que a España le corresponderán unos 140.000 millones. Por ello, la Fundación apunta que la rigurosa selección de los proyectos a financiar ha de ser una de las prioridades de las próximas semanas o meses, además de la preparación del próximo curso escolar.

Asimismo, la incertidumbre del retorno a las clases también se traslada a los mecanismos existentes para lidiar con las dificultades financieras a las que se enfrentarán muchas empresas en los próximos meses. Según Fedea es necesaria la adaptación del marco legal y el sistema judicial para lidiar con la esperable avalancha de quiebras y reestructuraciones empresariales que se producirán a corto plazo. La entidad apunta que el Estado debería revisar la normativa concursal existente y la regulación de las garantías del ICO para adaptarlas a la situación actual y dotar a los procesos de reestructuración y liquidación empresarial de la mayor agilidad y flexibilidad posibles.

“Entre otras cosas, es necesario evitar que las entidades se vean empujadas a ejecutar la garantía del ICO de forma prematura ante el miedo a perderla en caso de una reestructuración del préstamo”, señala, asegurando que una medida que facilitaría la operativa sería la consolidación de las deudas con todas las administraciones (Seguridad Social, Hacienda y garantías del ICO) en una “masa única negociable” como parte del proceso de reestructuración, “con un único representante y la renuncia general a los privilegios habituales de las administraciones públicas en este tipo de procedimientos”.

Normas
Entra en El País para participar