Infraestructuras

Atlantia pide vender Austostrade en el mercado ante el temor a una nacionalización barata

El grupo propone al Gobierno italiano una subasta internacional abierta a la competencia

Tramo de la autopista italiana A1, entre las ciudades de Milán y Nápoles, operada por Austostrade per l’Italia.
Tramo de la autopista italiana A1, entre las ciudades de Milán y Nápoles, operada por Austostrade per l’Italia.

La negociación para la salida de Atlantia de su concesionaria italiana de autopistas Autostrade per l’Italia (ASPI), en la que cuenta con un 88%, ha dado un giro que podría volver a enfrentar a la empresa con el Gobierno de Giuseppe Conte.

El grupo controlado por la familia Benetton accedió el mes pasado a abandonar la filial como parte del castigo por el hundimiento del viaducto Morandi, sucedido en Génova en agosto de 2018 con el trágico balance de 43 fallecidos. Estaba decidido que fuera la pública Cassa Depositi e Prestiti (CDP) quien se hiciera con el control, pero no hay acuerdo sobre la valoración de ASPI, la mayor concesionaria italiana con 3.000 kilómetros bajo gestión.

Distintos partícipes en el capital de Atlantia se han levantado contra la nacionalización y Atlantia insiste en que el traspaso debe hacerse a precios de mercado.

La adversidad del Covid-19 y la necesidad de fondos

El efecto de la pandemia en el tráfico en países como Italia, España o Francia ha hundido a Atlantia en pérdidas por 772 millones de euros a 30 de junio, en comparación con los casi 600 millones de euros ganados un año atrás. Su ebitda de dejó dos tercios, con 1.300 millones de euros tras 70 días de confinamiento en Italia o tres meses de estado de alarma en España.

Ahora, más que nunca, Atlantia está dispuesta a defender una venta de su negocio de autopistas en el mercado doméstico a precios de mercado.

Las reuniones entre compañía y Ministerio de Infraestructuras se suceden, pero sin acuerdos e incluso con disputas sobre asuntos que parecían ya cerrados, según ha reconocido Atlantia. Tampoco hay entendimiento con la propia CDP, con la que la concesionaria no acaba de concretar la fórmula para tasar los activos de ASPI. A la vendedora no le convence el desembarco de CDP a través de una ampliación de capital.

Partiendo de la certeza de que la filial cambiará de manos, el grupo que también controla a la española Abertis insiste en activar otros procedimientos de venta que, desde su punto de vista, ofrecerían mayor rapidez y transparencia. Atlantia habla de la necesaria protección de los intereses de todos los accionistas e inversores involucrados.

Y es que, además de los Benetton, otros partícipes de Atlantia, como el fondo soberano de Singapur GIC, segundo accionista con un 8,3%, HSBC (5%), Lazard (5%), Allianz o los fondos TCI y Spinecap, se juegan mucho en este trance y empiezan a hablar de incumplimiento de las normas de libre mercado.

TCI ha presentado una queja ante la Comisión Europea (CE) por lo que considera una “expropiación ilegítima”. Spinecap, según Financial Times, planea tomar el mismo camino y buscar el amparo de la CE.

Subasta

La propuesta que pone el consejo de Atlantia sobre la mesa es la venta de su 88% en Autostrade a través de una subasta internacional. El proceso sería gestionado por agentes independientes y CDP podría participar en competencia con otros ofertantes.

Accionistas de la concesionaria reclaman a la Comisión Europea una tasación a valores de mercado

El plan B pasa por la salida de la compañía a Bolsa, que es el destino final que daría el propio Ejecutivo a ASPI. Edizione, holding de loa Benetton, se daría 18 meses para abandonar la cotizada en busca de maximizar el valor de sus acciones.

Sin acuerdo aún a la vista, Atlantia ha convocado a su consejo de administración para el 3 de septiembre. El punto a debatir es el del plan de segregación de Autostrade per l’Italia. El planteamiento de nuevos escenarios al Gobierno es, de facto, una enmienda a la totalidad del acuerdo propuesto por la propia empresa el 15 de julio. Este evitó, in extremis, la revocación de las concesiones de ASPI por el Consejo de Ministros. Con ello, Atlantia también se alejó de multimillonarios incumplimientos con sus acreedores. Lo mollar de la propuesta fue una compensación de 3.400 millones, que sigue en pie, y la referida retirada de Atlantia con la entrada de capital público.

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