Sánchez clama un pacto presupuestario para optimizar el fondo de la Unión Europea
El presidente pide a la oposición "arrimar el hombro" para aprobar los Presupuestos El Gobierno no hará una reforma fiscal hasta que el PIB haya recuperado el nivel previo a la pandemia, que fija en 2023
“La recuperación precisa, además del acuerdo europeo, de un nuevo acuerdo presupuestario y por eso llamo a todas las fuerzas políticas a arrimar el hombro, para que en este próximo semestre podamos aprobar unos nuevos Presupuestos”, que permitan la reconstrucción social y económica del país tras la pandemia con el respaldo de los fondos comunitarios. Así lo ha expresado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su última comparecencia del curso político tras el Consejo de Ministros, donde ha realizado un balance de la gestión de los últimos meses marcados por la crisis sanitaria del coronavirus.
En este sentido, Sánchez ha asegurado que “es tarea del Gobierno elaborar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) pero también es responsabilidad de todas las fuerzas políticas hacer las aportaciones necesarias para garantizar su aprobación”. De hecho, ha incidido en la imposibilidad de afrontar la emergencia económica y social provocada por el Covid-19 con las cuentas públicas de 2018, puesto que con ellas, no se podrían aprovechar las ayudas europeas, que permitirán a España disponer de hasta 140.000 millones de euros (la mitad en transferencias directas).
Sánchez ha reiterado que tras los momentos más duros de la pandemia, que conllevaron el parón de la actividad y el confinamiento domiciliario, la recuperación económica ya ha comenzado y continuará durante 2021, para acelerarse en 2022 gracias a las ayudas de la UE. En 2023, aseguró que la situación “se rebasará”, puesto que la economía estará “en mejor forma” y girará en torno a la “digitalización, la sostenibilidad y la cohesión territorial”. De esta manera, el presidente aseguró que es “imperativo” tener unos nuevos Presupuestos, para lo que no va a “tirar la toalla” y tiene intención de hablar con los representantes de todos los grupos.
“No hay límite de aforo, todos los partidos son bienvenidos”, ha apuntado, llamando a cooperar también al ala derecha del parlamento, a pesar de que sus socios de coalición no vean con buenos ojos el acercamiento que el PSOE ha mantenido con Ciudadanos en los últimos meses. La última muestra de ello se dio el lunes, al reunirse ambas formaciones para evaluar y consensuar las medidas anticrisis. Los morados instan a mantener la mayoría de la investidura, negando la posibilidad de que la formación naranja de su visto bueno a unas cuentas progresistas.
Frente a este reciente rifirrafe, Sánchez ha aclarado en todo momento en su comparecencia estar “francamente satisfecho del gobierno de coalición”, tras resaltar que éste se ha enfrentado a la mayor emergencia sanitaria de los últimos cien años, para la que se ha hecho la mayor movilización de recursos de la historia: 200.000 millones de euros, en medidas sanitarias, económicas y sociales.
Mantiene el acuerdo de investidura
Asimismo, ha destacado que de los 428 compromisos del pacto de Gobierno de coalición, se han activado ya más del 55% y espera que en un año se haya conseguido cumplir íntegramente casi una quinta parte de los acuerdos de la legislatura a pesar de las circunstancias extraordinarias de estos meses. Según las previsiones que ha hecho de este pacto de coalición, a finales de 2021, el 100% de estos compromisos estará activado y cerrarán 2023 "habiendo completado íntegramente el 90% de los objetivos marcados". El restante diez por ciento, ha explicado el presidente, requerirá de un plazo mayor "para su ejecución íntegra".
Precisamente en ese acuerdo de coalición se recoge el compromiso de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, una medida que Sánchez no ha nombrado este martes al enumerar las próximas medidas que el Gobierno pondrá en marcha para reactivar la economía y que al ser preguntado sobre ella, solo dijo que se hará “en el marco del diálogo social”. De esta manera, aunque no renuncia expresamente a la polémica contrarreforma, no la contempla a corto plazo, lo que atraería el apoyo de los partidos más conservadores, como el PP.
Otro guiño con el que se acerca más a esta formación, así como a Ciudadanos, es la intención del Ejecutivo de emprender una reforma fiscal “estructural” una vez que el PIB haya recuperado los niveles previos a la pandemia de coronavirus, algo que a su juicio no ocurrirá por lo menos hasta 2023. En este sentido, Sánchez ha advertido que España necesita una recaudación “más estable” a lo largo del ciclo económico, especialmente en un momento en que se va a incurrir en un déficit y una deuda pública “enorme”.
Además, Sánchez se ha referido a los instrumentos de ayuda europeos como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y afirmó que en principio España no tiene la necesidad de acudir a esa herramienta, después de que el país solicitase ayer a la Comisión Europea acceder a más de 20.000 millones del SURE, el fondo comunitario para financiar ERTE y prestaciones de autónomos. En referencia a la oposición que califica esa solicitud como un “rescate” ha dicho que le importa “más bien poco”, apuntando que “efectivamente, es un rescate a los trabajadores y las trabajadoras que necesitan del apoyo de lo público”. “Se lo vamos a dar con nuestros recursos propios como hemos hecho hasta ahora y vamos a hacer frente a ese coste con la solidaridad europea", ha subrayado.
Las próximas medidas que el Ejecutivo adoptará para reactivar la economía
Plan Estatal de Vivienda. Reorientación del Plan con la finalidad de centrarlo en dos grandes ejes como son la construcción de pisos para alquiler “asequibles” y el impulso de la rehabilitación.
Plan de inversión en infraestructuras. Se centrará en mejorar la red de Cercanías y cerrar corredores ferroviarios, como el Mediterráneo o el Atlántico.
Generación de empleo de calidad. A partir de la renovación de las políticas activas de empleo. Se consolidarán los ERTE como alternativa al despido y se impulsará a través del diálogo social.
Administración pública. Se impulsará el proyecto de ley de Función Pública y de la Administración General del Estado y el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, así como la reforma de la Justicia.
Defensa de los consumidores. La aprobación de un real decreto sobre el juego y una revisión de la fiscalidad de los alimentos, con la introducción de la figura del consumidor vulnerable.
Energía y digitalización. La aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo, el tercer Plan para la Internacionalización de la Economía y una carta de derechos digitales ante las grandes corporaciones.
Ciencia y tecnología. Creación de un Plan estatal de I+D+i y una estrategia nacional de Ciencia, tecnología e innovación. Junto a ello, se impulsaran medidas en el ámbito de la igualdad y el reto demográfico.
Más de cuatro millones de PCR
Haciendo un repaso de las medidas sanitarias adoptadas para evitar la propagación de la pandemia, ha asegurado que, desde el comienzo de la crisis, en España se han realizado más de siete millones de pruebas de diagnóstico del Covid-19, de las que más de cuatro millones han sido pruebas PCR, que se añaden a las tres oleadas del estudio de seroprevalencia. A día de hoy se realizan una media de 45.000 PCR diarios, casi 315.000 a la semana.
Según Sánchez, se han distribuido más de 195 millones de equipos de protección individual (UCI) y se ha reforzado la reserva estratégica, contando con más de 24 millones de unidades de material sanitario por parte del Ejecutivo. En cualquier caso, ha señalado que el acuerdo marco de compra aumentará las mascarillas en 3.700 millones.
Por otro lado, ha subrayado que el compromiso del Gobierno de coalición "sigue en pie", reafirmando el compromiso de mantener un Ejecutivo "abierto", con una "cultura de cogobernanza" con las comunidades autónomas. En este sentido, ha destacado que se han realizado 41 reuniones de coordinación con los consejeros de Sanidad autonómicos y 14 encuentros con los directores de salud pública. Asimismo, según Sánchez, las transferencias a las autonomías han ascendido a un total de 30.000 millones de euros en total. En general, los decretos leyes aprobados en estos últimos meses han ascendido a 22.
Respeta la decisión del Rey emérito
Con respecto al anuncio de que el Rey emérito abandonó España debido a la repercusión de las informaciones sobre el presunto cobro de comisiones y el manejo de dinero en paraísos fiscales, Sánchez ha apuntado que el Gobierno respeta la decisión que toma la Casa Real, al "marcar distancias" por las "supuestas irregularidades", por el mensaje que manda, de "ejempleralidad y transparecia". Ha argumentado que España necesita estabilidad en un momento de crisis y ello conlleva instituciones "robustas".
"El Ejecutivo que yo presido considera penamente vigente el pacto constitucional", ha dicho, aunque el sector de Unidas Podemos ya ha manifestado hoy su disconformidad con la actuación de Juan Carlos I, lo que marca otra brecha en el Gobierno de coalición. Frente a ello, Sánchez ha explicado que los socios del Ejecutivo tienen que coinvivir con "dos culturas distintas". "A partir del acuerdo de Gobierno, somos dos partidos distintos con una opinión diferente y una forma de afrontar estos retos de manera diferente".