España pide más de 20.000 millones al fondo europeo para financiar los ERTE
El Gobierno pretende abonar con ello las prestaciones de los afectados por ajustes temporales de empleo, las cuotas exoneradas a las empresas y las ayudas a autónomos
El Gobierno español no ha apurado los plazos. Aunque los países europeos podían solicitar hasta el próximo día 7 de agosto las ayudas del fondo conocido como SURE para costear prestaciones por desempleo de los afectados por la pandemia de Covid-19, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha solicitado hoy mismo a la Comisión Europea algo más de 20.000 millones de euros.
El objetivo es financiar con ello una buena parte de las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), así como para costear las ayudas de quienes han perdido su empleo o los autónomos que han visto suspendida su actividad por la pandemia de Covid-19, según informó ayer el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital liderado por la vicepresidenta tercera Nadia Calviño.
Este programa fue uno de los tres nuevos mecanismos puestos en marcha a nivel europeo, junto a la línea del Mecanismo Europeo de Estabilidad y los avales del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para dar una respuesta sanitaria, económica y social a los efectos de la crisis sanitaria mundial.
El programa SURE movilizará unos recursos máximos a nivel comunitario de 100.000 millones de euros y se financiará con emisiones de deuda de la Unión Europea en el mercado. España ha solicitado algo más del 20% del total del fondo, con lo que facilita la única limitación de este programa y es que tres países no sumen más de 60.000 millones.
No obstante, para poder acceder a este fondo, los Estados miembros también han tenido que aportar avales a las emisiones de la Unión Europea. En el caso español, el pasado 26 de mayo, el Consejo de Ministros autorizó el otorgamiento de dichos avales necesarios para la participación de España en el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia creado por la Comisión Europea (SURE). Esto es, alrededor de 2.500 millones de euros en el caso de España, que se contabilizan como pasivos contingentes, lo que significa que no computarán para el cálculo del déficit excesivo por parte de Bruselas.
Concretamente, los más de 20.000 millones de euros solicitados por España servirán para financiar las prestaciones por desempleo de los afectados por ERTE, así como las cotizaciones sociales exoneradas a las empresas inmersas en estos ajustes de empleo. También se costeará la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, así como la prestación por incapacidad temporal para personas que hayan estado de baja como consecuencia del Covid-19 o el apoyo a trabajadores fijos discontinuos, en particular del sector turístico.
Esta ayuda comunitaria podría costear buena parte de la factura del desempleo de este año que, casi con toda seguridad en julio ya superó lo presupuestado para todo el año 2020 (en torno a los 18.000 millones). Es más, a la luz del pésimo comportamiento de la campaña turística, que podría prolongar los ERTE, al menos en este sector, hasta más allá de este año, el gasto final en prestaciones y ayudas por desempleo a asalariados, autónomos y empresas batirá probablemente el actual récord de casi 32.000 millones anuales alcanzado en 2012, en la anterior crisis.
En mayo se llegaron a pagar cinco millones de prestaciones y en la actualidad, a falta de conocer hoy las cifras de empleo y afiliación de julio, se abonan en torno a cuatro millones al mes, el doble de lo que se pagaba antes de la crisis sanitaria.
No obstante, desde Economía precisan que la cantidad final que recibirá España de este fondo dependerá, entre otros factores, del volumen que soliciten el resto de países interesados en este programa. Se espera que unos 18 países de la UE soliciten acceso a este instrumento, según el ministerio de Asuntos Económicos.
Una vez determinado el importe final por parte del Consejo de la UE, a propuesta de la Comisión, el crédito será desembolsado a los Estados que soliciten este instrumento en varios tramos. El primero de ellos podría recibirse en otoño de 2020 y, el resto, a partir de 2021.
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