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Cataluña presentará un recurso de inconstitucionalidad para gestionar el Ingreso Mínimo

El conseller de Trabajo, Chakir el Homrani, asegura que "las competencia de prestaciones no contributivas son de la Generalitat"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, este martes.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, este martes.Generalitat de Cataluña (Efe)

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha anunciado que el Govern presentará un recurso de inconstitucionalidad para poder gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV): "Las competencia de prestaciones no contributivas son de la Generalitat".

En una entrevista este miércoles en Cataluña Ràdio recogida por Europa Press, ha explicado que lo presentarán para que no pase lo mismo que con el pago de los ERTE, y ha asegurado que su departamento ha hecho "dos declaraciones pidiendo el traspaso" de la gestión el IMV.

Ha criticado que el Gobierno "no tiene voluntad de negociar" y coordinarse con la Generalitat, y ha sostenido que se necesita una ventanilla única para pedir el IMV y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RCG), la prestación gestionada por el Govern.

El conseller ha asegurado que, ante esta situación, su departamento ha decidido "dar un paso adelante", y ha concretado que el recurso de inconstitucionalidad se está preparando y pasará por el Consell Executiu de la semana que viene o el primero después del verano.

El Homrani ha afirmado que el IMV es una buena noticia y que pensar que llegará a 300.000 personas en Cataluña es "una mirada optimista", pero ha defendido que si se trabaja de manera alineada con la RGC se puede crecer en capacidad de cobertura.

Ha explicado que con el IMV "se ahorrará una parte" de la RGC, que se utilizará para cubrir a las personas que queden fuera del IMV, y también ha dicho que están estudiando si atribuirá por aspectos vinculados a la vivienda, como en País Vasco, o para personas en situación de precariedad laboral.

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