Las empresas rescatadas tendrán vetada una política comercial agresiva

El Gobierno impide a las empresas que se acojan al Fondo de apoyo a la solvencia repartir dividendos y que los directivos perciban primas

La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya; y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a su llegada a la comparecencia en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de Moncloa, Madrid (España), a 21 de julio de 2020.
La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya; y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a su llegada a la comparecencia en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de Moncloa, Madrid (España), a 21 de julio de 2020. Europa Press

Las empresas que se incorporen al fondo de rescate del Gobierno, dotado con 10.000 millones de euros, no podrán realizar una política comercial expansiva y deberán presentar un plan de viabilidad. El Gobierno no les permitirá el reparto de dividendos o la imposibilidad de los directivos de cobrar primas. La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha detallado estas premisas después de la reunión del Consejo de Ministros que ha validado este "Fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas".

"El objetivo de este instrumento es otorgar un apoyo económico público y temporal a las empresas no financieras que estén afectadas por la pandemia del Covid-19 y sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional". Montero ha recalcado que las condiciones marcadas se ajustan a la normativa de ayudas de la Comisión Europea. El fondo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado por un Consejo Gestor a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La empresa que busque el amparo de capital público deberá solicitarlo por escrito y cumplir unas condiciones: poseer su domicilio social y sus principales centros productivos en España, no encontrarse en una situación de crisis a cierre del año 2019 y cumplir las obligaciones tributarias. También deberá acreditar que sin ayuda pública "cesaría su actividad o tendría graves dificultades para mantenerse a flote", ha explicado la también ministra de Hacienda. Asimismo, debe presentar un plan de viabilidad a corto y medio plazo en el que estimará los plazos en los que la compañía se ve capaz de devolver el dinero.

Además de estos requisitos, el Ejecutivo veta, por ejemplo, que las compañías emprendan una "expansión comercial agresiva y asumir excesivos riesgos". Otra prohibición se refiere a los dividendos, que no podrán distribuir, y una tercera afecta a los directivos, que no podrán percibir primas o retribuciones variables mientras se acojan al fondo.

Las operaciones partirán de los 25 millones de euros por beneficiario salvo casos excepcionales debidamente justificados. No hay, en cambio, un techo máximo a percibir mientras la cantidad no supere el patrimonio neto de la compañía a 31 de diciembre de 2019.

Reembolso

El reembolso de la participación del Estado deberá ir acompasada con la recuperación de la economía. El Gobierno precisa que el importe se incrementará en un 10% si transcurridos cinco años desde la aportación de capital "no se ha reducido al menos en un 40% la cuota de participación inicial".

Además, cuando la participación con cargo al Fondo se mantenga una vez se cumplan siete años de apoyo monetario, el reembolso se incrementará otro 10% sobre la participación que exista en ese momento. Moncloa precisa que en las sociedades cotizadas, los incrementos se producirán "transcurridos 4 y seis años respectivamente en las condiciones que se establezcan en cada caso". 

Consejo Gestor

El fondo permite que el Estado entre de forma transitoria en el capital de empresas viables con problemas de solvencia tras la pandemia, aunque no es estrictamente necesario y el apoyo llegará mediante la compra de acciones, deuda o cualquier otro instrumento convertible en capital, pero siempre que las propias empresas lo soliciten y como opción de último recurso.

El órgano que decidirá si la ayuda se aprueba es el Consejo Rector del propio fondo, que se pondrá en marcha en un plazo de menos de 30 días, ha dicho Montero, y cuya constitución, aunque no ha entrado a detallar, se ha aprobado ya desde este martes.

El Consejo Gestor estará presidido por el presidente o vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y contará con cuatro vocales, que serán el titular de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; el titular de la Subsecretaría de Hacienda; el titular de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; y la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía. Además, el Consejo Gestor tendrá un secretario, puesto que será desempeñado por el secretario general de la SEPI. Sus miembros no percibirán "remuneración ni dieta alguna".

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