El caso Apple no se soluciona solo con planes de acción, sino con armonización fiscal

Europa debe reconocer las grietas en el sistema que revela una sentencia como la del Tribunal General de la UE

La sentencia del Tribunal General de la UE sobre el caso Apple hecha pública ayer constituye una derrota significativa para la Comisión Europea en la ofensiva que libra contra los privilegios fiscales que algunos países otorgan a las grandes multinacionales, especialmente a las tecnológicas. El fracaso de Bruselas, en una sentencia que es recurrible, debería servir de punto de inflexión para replantear a fondo la estrategia que sigue Europa contra las prácticas fiscales agresivas de algunos de sus miembros –es el caso de Luxemburgo, los Países Bajos o Irlanda– con el fin de atajar las distorsiones que provocan en la competencia, la deslealtad que siembran entre los socios europeos y el sangrante agujero de ingresos que generan al conjunto de la UE. El fallo del Tribunal General, cuya conclusión es que el trato fiscal otorgado a Apple por Irlanda no vulnera la competencia ni es incompatible con el derecho comunitario, no solo libera a la multinacional estadounidense de pagar al fisco irlandés 13.000 millones de euros, sino que evidencia la urgencia de acometer una reforma regulatoria que tapone de una vez por todas las vías de agua de la fiscalidad comunitaria y sirva de soporte legislativo para defender los intereses europeos en este tipo de conflictos.

 Apple no es la primera derrota judicial que sufre Bruselas en su lucha contra la fiscalidad hecha a medida para los gigantes multinacionales. La justicia europea ya rechazó en su momento decisiones comunitarias en la misma línea, como la que instaba a Starbucks a devolver 30 millones a Holanda o la que obligaba a 39 empresas belgas a hacer lo mismo con una factura fiscal de 700 millones, aunque también ha respaldado otras, como la que obligó a Fiat a devolver 30 millones a Luxemburgo. Más allá de que el fallo a favor de Apple sea ajustado a derecho, que puede serlo, el hecho de que una compañía de esas dimensiones y ese volumen de negocio pague una factura fiscal como la abonada en Irlanda es la prueba evidente de que Europa no puede retrasar por más tiempo la vieja asignatura pendiente de acometer una armonización fiscal en materia societaria.

El plan de acción anunciado ayer por la CE contra países fiscalmente agresivos, que aboga por una modernización, mejor comunicación y más coordinación de las normas y procedimientos fiscales, puede ser necesario, pero no es suficiente. Bruselas denuncia un agujero tributario de 130.000 millones al año, cuya gravedad se multiplica en una Europa asolada por la crisis y que afronta una costosa recuperación. Frente a un horizonte como ese, es hora de reconocer que las grietas en el sistema que revela una sentencia como la de Apple no se cierran con un mero plan de acción, sino con una verdadera y decidida armonización fiscal.