Entra en vigor el decreto-ley para el rescate de empresas, a través de una nueva línea de avales ICO y de ayudas para corporaciones del sector turismo y del sector de la automoción. Estas nuevas medidas conllevarán una inversión que superará los 51.000 millones de euros, algo que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Tal y como ha señalado la agencia de noticias Europa Press, el Gobierno ha argumentado esta iniciativa como una “segunda fase de medidas económicas y sociales” para impulsar la reactivación económica del país.
Para el Ejecutivo, las dificultades que atravesamos actualmente exigen una “concentración de esfuerzos”; que será respaldada con fondos públicos para “apoyar la creación de empleo y la inversión”, y para lograr recuperar “un crecimiento robusto y sostenible en el periodo 2021-2022.
40.000 millones de líneas ICO
El grueso de esta segunda fase de medidas para la reactivación económica se la llevará las líneas de avales gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial, que estará destinada principalmente a financiar “inversiones productivas”.
En las próximas semanas se conocerán más detalles de las características de esta nueva línea de avales para que las pymes obtengan liquidez.
Sectores estratégicos
El turismo y la automoción seguirán siendo los principales caballos de batalla para el Gobierno, al menos en lo que respecta al aspecto económico. Esto se respalda con la creación de un Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, que será gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y que tendrá una inversión de 10.000 millones de euros.
Las solicitudes tendrán que ser resueltas en un plazo máximo de 30 días, y las empresas de estos sectores estratégicos quedarán exentas del pago de impuestos estatales, autonómicos y locales.
Del mismo modo, el Estado tendrá que realizar una oferta pública de adquisición (OPA) en el caso de tener que entrar en el capital social de estas compañías.
Otra de las medidas que se han aprobado es la extensión del plazo de suspensión del derecho de separación de los socios, exclusivamente en el caso de separación por falta de dividendos.
