Energía

La regulación de las subastas de renovables pone en pie de guerra al sector eléctrico

Las comercializadoras alertan de una distorsión del mercado, pues el incentivo no se pagará vía peajes sino como precio de la energía

Planta eólica y solar.
Planta eólica y solar.

Cuando se creía que ya no quedaba margen para la sorpresa en el sector energético, el Ministerio para la Transición Ecológica lanzó la semana pasada a audiencia pública un polémico real decreto por el que se regula el nuevo régimen económico de los productores de energías renovables que resulten adjudicatarios de capacidad en las subastas que se avecinan: 30.000 MW en la próxima década para lograr los objetivos de descarbonización.

Una propuesta que ha alarmado a las comercializadoras (tanto independientes como a las tradicionales de la antigua Unesa) y a los consumidores (especialmente, industriales), que la califican como una vuelta a los precios regulados, “al menos, para una parte de la energía del sistema”. Además de regular el mecanismo (el producto a subastar será la potencia, la energía producida o una combinación de ambas; la variable será el precio en euros MWh y se hará mediante sobre cerrado), el real decreto revoluciona la vía por la que las renovables cobrarán las subvenciones derivadas del nuevo régimen económico.

Hasta ahora, las ayudas para promover las energías verdes se liquidan como un coste del sistema eléctrico, a través de los peajes eléctricos: antes de la reforma energética de 2013, una prima por producción, y después de dicha reforma, incentivo a la inversión, incluida la capacidad adjudicada en las tres únicas subastas realizadas en España entre 2016 y 2017. Sin embargo, las futuras ayudas se endosarán al precio de la energía que pagan los usuario en su factura.

Al sacarlas de los peajes de acceso (que suponen la mitad, aproximadamente, del recibo de la luz) el Gobierno evita posibles subidas de estas tarifas derivadas del apoyo económico a las renovables. Por otro lado, el Ejecutivo ya no tiene en sus manos el truco del déficit de tarifa, una hipoteca con la que se camuflaban subidas políticamente indeseadas, porque la potestad de fijar los peajes es ya de la CNMC.

La liquidación, por tanto, no correrá a cargo de este organismo,sino del operador del mercado, OMIE, que trasladará el sobre-coste o sobre-ingreso a las comercializadoras hora a hora. Y es que en las subastas, los adjudicatarios se garantizarán un precio/MWh: si el que reciben por vender su energía es inferior al del mercado, OMIE repercutirá la diferencia a la comercializadora en proporción a la energía consumida (que, a su vez, se lo cobrará al cliente). Y si es inferior, devuelven la diferencia (o se balancea).

Una de las consecuencias que critican las afectadas, que preparan “alegaciones incendiarias”, según fuentes del sector, es que en las horas con abundancia de energía renovable (que, en condiciones normales hubieran logrado precios muy bajos), OMIE trasladará a los consumidores un precio muy superior, en el entorno de 25 euros/MWh, “valor en el que, previsiblemente, se fijará la retribución fija a las renovables”, según las mismas fuentes.

Por el contrario, las horas con escasez de renovable (que, en situación normal, hubieran alcanzado precios muy altos fijados por el gas), trasladarán al consumidor un precio más bajo, porque en esas horas devolverán la diferencia entre el precio del mercado y el garantizado en la subasta. De esta manera, según los críticos, “se anestesian las señales de precios, invalidando la gestión de la demanda, pues los usuarios no reaccionarán ante fluctuaciones de precios”.

Las comercializadoras se enfrentan a un serio problema a la hora de ofrecer un precio a su cliente, que ahora lo hace estimando su consumo y el coste de la energía que ellas compran a plazo en el mercado. La pregunta ahora es, ¿cómo puede saber la comercializadora cuánta energía le tocará pagar al precio de la subasta renovable en cada hora del año? “Un riesgo muy alto, un dislate, que acabará pagando el usuario”, señalan en una empresa.

Entre los grandes perjudicados están los grandes consumidores industriales, que hasta ahora apenas han pagado los incentivos de las renovables sufragados vía peajes de acceso. En el caso del consumidor industrial, estas tarifas son mucho menores que las del resto, pues dependen de los niveles de tensión. A partir de ahora, sin embargo, el que más energía consuma en las horas valle (habitual en las fábricas), pagará más cargos.

Las empresas preparan una batería de alegaciones

Si a un 30% de la energía que se genere en el futuro (los 30.000 MW de renovables que se instalarán hasta 2030) se le garantiza un precio fijo durante 10 años o más (en periodos tan largos puede pasar de todo), el que resulte de las nuevas subastas, el mercado quedará totalmente distorsionado y con dos señales de precio (a corto y a largo plazo) y cuestiona la libre competencia en un mercado ya, de por sí, difícil. Esta es una de las alegaciones que las comercializadoras (tanto independientes como de grupos integrados, como Endesa o Iberdrola) preparan contra el decreto de las subastas lanzado por Transición Ecológica, que fijará calendarios de cinco años con la potencia a subastar.

Estas empresas esperaban que la nueva subvención a la producción, que vienen reclamando desde hace años las renovables (contrarias al actual incentivo a la inversión), se liquidara, como hasta ahora, con un cargo en los peajes. El proyecto, critican las comercializadoras, “hace que los compradores sean lo que tengan que asumir el precio fijo de las subastas, corriendo además con el riesgo de volumen de la generación renovable en cada hora”. Los consumidores, añaden, “tendrán que pagar, sí o sí, el precio fijo de las subastas, en la parte que les toque, que ya no dependerá de la oferta y la demanda".

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