El Gobierno aprueba un RDL sobre renovables para movilizar 90.000 millones de inversión
Se regulan las subastas de capacidad, se evita la especulación en el acceso a las redes y se libera el superávit de tarifa
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado hoy un real decreto ley de medidas urgentes, que permitirá realizar este mismo año subastas de renovables, tal como avanzó este lunes CincoDías; eliminará barreras para el despliegue masivo de fuentes de renovables y evitará movimientos especulativos, otorgando los permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas solo a proyectos “reales y firmes” y no a quienes solo aspiran a revender los derechos sin construir plantas o no tienen capacidad para hacerlo en un plazo razonable.
El Gobierno estima que este nuevo impulso podría atraer inversiones superiores a 90.000 millones de euros, que generaría entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año en la próxima década, lo que le permitirá lograr el objetivo de que en 2030 un 74% de la electricidad en España sea renovable y del 100% en 2050. Según datos del sector, el 90% de los elementos de un aerogenerador se fabrica en España y, en el caso de la fotovoltaica, la industria nacional genera componentes, que suponen más del 65% de lo necesario para construir y operar las plantas.
Se trata de un RDL escoba, que incluye otras muchas medidas energéticas más allá de las renovables. Así, se regula el almacenamiento de energía; se crea la figura del agregador independiente; se elimina temporalmente el límite de inversión anual/PIB en redes (lo que afecta a REE y las grandes eléctricas de Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo); se permite hacer uso del superávit de tarifa (950 millones de euros) para cubrir los déficits de tarifa que se espera para este año; se amplía el Fondo de Eficiencia Energética hasta 2030 y se declaran de utilidad pública los puntos de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos.
Conexiones
Las medidas más relevantes del texto legal son la regulación de los hitos y el régimen de caducidad en las solicitudes de acceso a las redes eléctricas y la posibilidad de que se celebren este año subastas, tal como habían pedido el sector eólico y fotovoltaico. Estas estaban paralizadas a la espera de un cambio regulatorio, también reclamado por el sector, por el que la retribución a subastar no sea la de la inversión realizada en las plantas sino el precio del kWh.
Esta medida, y otras como la hibridación, el almacenamiento o agregador independiente, están incluidas en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se tramita actualmente en las Cortes, concretamente, varias disposiciones finales del mismo. Dado que esta norma no entraría en vigor hasta el próximo año (VOX presentó la semana pasada, en el último minuto del plazo una enmienda a la totalidad, lo que la retrasará), el ministerio ha querido acelerar la aplicación de estas medidas, especialmente, las subastas, en el RDL aprobado hoy, por lo que saldrán automáticamente de la ley.
Esta norma, que deberá ser convalidada antes de un mes en el Congreso, pero que entrará mañana en vigor, avanza en varias medidas relativas al acceso, si bien la regulación, cuya competencia comparten el ministerio y la CNMC (que están enzarzados por ello desde hace un año), se completará en el plazo de tres meses tras la publicación del RDL, con un real decreto de Transición Ecológica y una circular del organismo regulador.
De hecho, a la espera de esa normativa, en los próximos tres meses se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso, por lo que no se podrán pedir nuevas solicitudes hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, más exigentes sobre la maduración de los proyectos y estudios previos.
Por el momento, con la nueva ley, se regula el procedimiento de autorizaciones (que la CNMC,por cierto reclamaba para sí). Así, los promotores necesitarán dos tipos de permisos para poner en marcha las plantas, que se otorgarán solo a proyectos reales y evitar “movimientos especulativos” provocados por la actual regulación, según señala el propio ministerio. Este hace referencia al elevado número de solicitudes de acceso (para 430.000 MW) que hay en estos momentos, lo que es “un indicio del componente especulativo de buena parte de ellas, dada la escasa madurez de los proyectos o el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión: en torno a un 60%”, según el ministerio.
Para evitar la especulación, el RDL establece una serie de hitos administrativos, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado. De esta manera, los titulares deben ir acreditando el cumplimiento de cada uno de ellos, como la obtención de la declaración de impacto ambiental o la autorización administrativa de construcción, en los tiempos fijados. De lo contrario, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos. El último de los plazos termina a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito. En el plazo de tres meses, se puede renunciar a la solicitud sin perder el aval.
Subastas verdes
En cuanto al nuevo sistema de subastas, que se desarrollará reglamentariamente, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía y serán distintas para cada tecnología. También "podrán tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que estas puedan competir en nivel de igualdad con otros participantes", subraya el ministerio. Además, para favorecer a las pequeñas instalaciones y los proyectos piloto innovadores, la norma permite, de acuerdo con la normativa europea, que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.
La regulación actual de las subastas fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, en el marco de la reforma eléctrica de 2013, cuando el coste de generación del kWh renovable era más caro que el precio del mercado. Dado que la situación actual es la contraria, el Gobierno considera necesario " actualizar un modelo" que resulta único en el mundo (retribuir la inversión). Para agilizar la puesta en marcha de las plantas, el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial y se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a las redes, o en caso de reparación de averías causadas por causas meteorológicas adversas.
En la misma línea de activación económica, el RDL incorpora al ordenamiento jurídico nuevos modelos de negocio, como la figura del almacenamiento, que permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables y la hibridación, que posibilita combinar diversas tecnologías (fotovoltaica y eólica, por ejemplo) utilizando un único punto de conexión ya existente, lo que permitirá "sacar el máximo partido a las ubicaciones de las plantas".
Adicionalmente, en cumplimiento de la normativa comunitaria, se incorpora la figura del agregador independiente, que introducirá mayor dinamismo en el mercado eléctrico, un modelo que combina la demanda de varios consumidores o la de varios generadores para su participación en distintos segmentos del mercado. También se regulan las comunidades de energía renovables, que permiten a los ciudadanos y los ayuntamientos ser socios de proyectos y se regulará un procedimiento especial de autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, especialmente, en el ámbito del almacenamiento, las energías marinas o la gestión de las redes, entre otros.
También se regulan los puntos de recarga de alta capacidad, que se declaran de utilidad pública (se podrán expropiar terrenos). Estos tendrán potencia superior a 250 kW, lo que permitirá abrir estaciones de recarga ultrarrápida en carreteras, autovías y autopistas. Asimismo, la norma extiende la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y mejora del procedimiento de cálculo de las obligaciones. Este fondo, que se dota con cuotas anuales de las empresas comercializadoras de gas, electricidad y productos petrolíferos, ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco años para medidas de ahorro de energía. De manera excepcional, y debido a la crisis provocadas por el Covid-19, se permitirá a las comercializadoras pequeñas y medianas retrasar el pago de las obligaciones con el fondo correspondientes a 2020.
Déficit de tarifa
En cuanto al uso del superávit del sistema eléctrico para cubrir los déficits de tarifa de 2029 y 2020, este se concretará mediante una orden. El ministerio asegura que esta medida favorecerá a los “sujetos de liquidación”, esto es, los operadores de las redes de transporte y distribución, incluidas las más de 300 pequeñas distribuidoras que operan en el país, así como las más de 60.000 instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, puedan percibir una parte significativa de la retribución del ejercicio 2019.
Además, el RDL ajusta excepcionalmente los porcentajes de PIB por los que se rigen la inversión máxima que se dedica a redes (actualmente, un 0,065% para el transporte y un 0,13% para la distribución) en el trienio 2020-2022. De esta manera, "se podrá mantener el ritmo inversor previsto originalmente, antes de la crisis del Covid-19", dado la fuerte caída que se estima del PIB, del 15%, según el Banco de España.
En el caso de las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible (cogeneración), se revisará el valor de la retribución a la operación, de aplicación durante el estado de alarma, para reconocer los efectos de unos menores precios de mercado y de CO2, paliando así el impacto de la crisis. Para su cálculo se consideran los valores del precio del mercado eléctrico y del precio de los derechos de emisión de CO2 durante el estado de alarma y se reducen un 50% los valores del número de horas de funcionamiento mínimo y del umbral para 2020 sobre los valores establecidos previamente.
Por último, se regula la prórroga de vigencia de las declaraciones de impacto ambiental, cuyo trámite se ha visto afectado por la crisis sanitaria.
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