Transición liberará en tres meses las solicitudes especulativas de acceso a las redes eléctricas
Los titulares de permisos sin proyectos reales se verán forzados a retirarse
El real decreto ley por el que se aprueban medidas en materia de energía y otros ámbitos para la reactivación económica, publicado ayer en el BOE, fija obligaciones que permitirán poner fin a un movimiento especulativo que ha prosperado en torno a los puntos de conexión de las redes eléctricas ante el gran despliegue de plantas de renovables que se avecina.
A la espera de una regulación más estricta y detallada del Ministerio para la Transición Ecológica y de la CNMC, que deberá estar lista en tres meses, el RDL regula las autorizaciones que los promotores de instalaciones deben pedir y fija los plazos de caducidad de los cientos de miles de solicitudes de acceso que se han acumulado en los últimos años: 430.000, a un ritmo de 30.000 al mes en el último año y medio, según datos del ministerio.
En un elevado número de casos (el 60%), una vez obtenido el permiso de acceso, los titulares no han solicitado los permisos de conexión final, lo que demuestra, según el ministerio, la ausencia de un proyecto real detrás. Lo desmesurado de las peticiones lo demuestra el que el sistema eléctrico español solo cuenta con una capacidad instalada de 105.000 MW y la punta máxima histórica de la demanda no ha superado los 45.000 MW.
Amén de que las autorizaciones se otorgarán “atendiendo a la viabilidad técnica y la solidez de los proyectos”, se fijan “hitos administrativos a cumplir” para no perder los avales y que tendrán en cuenta la antigüedad del permiso.
Así, se establecen cuatro tipos de permisos: los concedidos antes de diciembre de 2013, cuando se modificó la Ley del Sector Eléctrico; los concedidos entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2017; los otorgados desde el 1 de enero de 2018 hasta ayer, en que entró en vigor el nuevo RDL, y los que se den a partir de ahora.
Para el primer bloque no se fija ningún hito, pues la ley eléctrica regula su caducidad. Para el segundo, los de mayor antigüedad y sin regulación expresa, se fija un primer hito más exigente (de tres meses), que permitirá liberar casi de inmediato aquella capacidad que no esté vinculada a un proyecto mínimamente maduro, según el ministerio. Esto podría dejar fuera a la mitad de las falsas solicitudes.
Aunque los hitos son más cortos y comenzarán a computar antes, la vigencia de los permisos de este segundo bloque será la misma que para el tercero: cinco años a contar desde ayer. Para los que se concedan a partir de ahora, la fecha de inicio del plazo será el de la obtención del permiso de acceso. El incumplimiento de los hitos supondrá la caducidad automática de los permisos y la ejecución inmediata de las garantías económicas.
Un aliciente para poner fin a la especulación es que la norma da la opción a quienes no hubieran obtenido aún los permisos de renunciar a su solicitud en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del decreto ley, recuperando sus avales.
Con esta regulación, según el texto legal, “se evitará retrasar o paralizar un elevado número de proyectos solventes y las futuras inversiones”.
Más inversiones en distribución y transporte
El RDL que entró ayer en vigor recoge las peticiones de las operadoras de las redes eléctricas, cuya posibilidad de inversión se verá afectada por el derrumbe de la economía provocado por la pandemia.
Así, dada la estimación de una caída del PIB del 15% este año y que las inversiones que se permite cada año a las distribuidoras y transportistas están limitadas a un porcentaje del PIB, el Gobierno ha decidido romper ese techo para el trienio 2020-2022. En el caso del transporte (REE), el límite pasa del 0,065% al 0,75% del PIB, sin contar las inversiones en interconexiones internacionales. Para las distribuidoras (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo), el límite pasa del 0,13% al 0,15% del PIB. Estas inversiones se retribuyen vía peajes de la luz.
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