La CNMC sale derrotada frente a Ribera en la pugna por las conexiones eléctricas
El Consejo de Estado tumba la circular del supervisor y le dice que es un mero reglamento del RD del ministerio
El Consejo de Estado ha echado por tierra la propuesta de circular de la CNMC sobre acceso y conexión a las redes de electricidad, al entender que vulnera la legalidad. En un dictamen aprobado el 18 de junio, al que ha tenido acceso CincoDías, el Consejo considera que no es procedente que el organismo regulador apruebe en estos momentos una circular, en aplicación de las competencias que le otorga la Ley del Sector Eléctrico, en tanto el departamento que dirige Teresa Ribera no apruebe el correspondiente real decreto que fije los criterios para la concesión de los permisos de acceso y conexión, del cual, la circular (norma de rango inferior) será un mero desarrollo reglamentario.
El dictamen, que se ha enviado a las partes interesadas, es concluyente: “En ausencia de ese marco reglamentario general, no cabe –ni desde el punto de vista lógico ni jurídico– que la CNMC proceda a regular un aspecto parcial y concreto de la materia”. Y añade que, “de hacerlo, el contenido de la disposición que se aprobase, vulneraría frontalmente la disposición transitoria undécima de la Ley del Sector Eléctrico” (la que le otorga competencias, solo en cinco cuestiones, en materia de acceso y conexión). De hecho, el Consejo ni siquiera ha entrado a analizar el fondo de la propuesta.
Así, el organismo, que preside desde hace varias semanas Cani Fernández, deberá elaborar una nueva texto de circular y esperar a que el ministerio publique en el BOE el correspondiente real decreto para volver a tramitarla, enviándola de nuevo al Consejo de Estado.
Precisamente, el Real Decreto Ley 23/2020, de medidas urgentes sobre energía aprobado la semana pasada por el Gobierno, que regula, entre otras, la caducidad de las solicitudes del acceso y conexión establece una moratoria de solicitudes de tres meses, en tanto no se aprueben estas normas pendientes del ministerio y de la CNMC. Aunque la moratoria se fija para un trimestre, todo apunta a que se prolongará por más tiempo, pese a que se ha desatascado un conflicto que se remonta a julio de 2019.
La de acceso y conexión fue la primera del paquete de 14 circulares sobre energía que el organismo presidido entonces por José María Marín, lanzó a trámite hace un año. Y también la primera con la que la Comisión estrenaba su potestad normativa sobre actividades reguladas que le otorgó un RDL aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en enero del mismo año. No en vano, Marín la consideró un estandarte de su gestión.
Aunque hubo circulares mucho más polémicas (por ejemplo, la de metodología de retribución de las redes de gas), la de acceso y conexión eléctrica era la única que chocaba frontalmente con las competencias del Gobierno. De hecho, el ministerio activó la comisión de conflictos, integrada por representantes de las dos partes.
El artículo 33 de la Ley Eléctrica, en su apartado 10, otorga al Gobierno la potestad de fijar los criterios para otorgar los permisos de acceso y conexión dentro del marco de la política energética (como la integración de las renovables). Por su parte, según el apartado 11 de dicho artículo, a la CNMC le corresponde fijar la metodología y las condiciones de acceso y conexión: contenido de las solicitudes y permisos, los criterios económicos;la evaluación de la capacidad; os motivos para la denegación; el contenido mínimo de los contratos y la obligación de publicidad y transparencia de la información relevante.
Nudos de transición justa
Tras una primera propuesta inicial en la que el organismo se atribuyó gran parte de la regulación, apoyándose en que la delimitación de las competencias no era nítida, el organismo fue cediendo a sus pretensiones eliminando algunas atribuciones que, claramente, se relacionaban con cuestiones vinculadas a política energética.
Ta les el caso de la adjudicación de los llamados nudos de transición justa (los que se liberarán en los emplazamientos de las centrales de carbón y las nucleares que cierren) o la hibridación (o posibilidad de usar un a misma conexión para una planta mixta, por ejemplo, eólica y fotovoltaica).
El ministerio, que consideraba que, salvo las cinco cuestiones de la ley, todo era de su cometido, se quedó también con el procedimiento de adjudicación. Un aro por el que la CNMC no quiso pasar, amén de adelantarse sin esperar a la aprobación del real decreto de Transición Ecológica, del que su circular es un mero reglamento, como ha subrayado el Consejo de Estado.
Más allá de la formalidad y de la moratoria para nuevas solicitudes, lo cierto es que gran parte de las medidas en liza las ha zanjado ya el Gobierno incluyéndolas en varias normas con rango de ley. Así, los nudos de transición justa se regulan en el RDL 17/2019 mientras que el RDL del pasado 23 de junio, incluye los tipos de autorizaciones; los hitos que deben cumplir los solicitantes; la caducidad de los mismos y la hibridación de plantas.
Con esta norma, el ministerio quiere poner fin a la especulación en las solicitudes, que se han desorbitado: hasta 430.000 MW, cuando el sistema eléctrico tiene una capacidad, y muy holgada, de 105 MW.
Los nuevos consejeros ya tienen Sala
El pleno de la CNMC, organismo dividido en dos salas, competencia y supervisión regulatoria, ha asignado a las mismas a los tres consejeros que se incorporaron el mes pasado, junto con la presidenta, Cani Fernández, y el vicepresidente, Ángel Torres, que presiden, respectivamente la de competencia y la de regulación.
A la primera se han incorporado Josep Maria Salas y Prats (que entró a propuesta de ERC) y Carlos Aguilar (de Podemos). Continúa el resto de miembros a los que no correspondía renovar: María Ortiz (PP) y Pilar Canedo (Cs). Por su parte, a la de regulación se incorpora la nueva consejera Pilar Sánchez Núñez (PSOE) y siguen Mariano Bacigalupo, Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea.
En la renovación, por caducidad del mandato de cinco de los miembros del consejo de la CNMC, entre ellos, el presidente, José María Marín y la vicepresidenta, María Fernández, el PP, que llegó a contar con 8 de los 10 puestos, ha quedado en minoría, con una sola consejera. Por contra, el PSOE copa la mitad de los sillones.
Por otro lado, Vox ha presentado sendos recursos ante el Supremo para impugnar los nombramientos de la presidenta (exabogada del despacho Cuatrecasas) y del consejero de Podemos por considerar que incurren en conflicto de interés.
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