Capital privado para infraestructuras como palanca de recuperación
El Gobierno debe consensuar con las empresas un marco flexible y atractivo de financiación
El Gobierno ultima la puesta en marcha de fórmulas de cooperación público-privada para financiar la construcción, mantenimiento y conservación de infraestructuras, en especial de transportes. La patronal Seopan, que agrupa a constructoras y concesionarias, está ejerciciendo un de intermediaria para tantear a las empresas y consensuar con ellas distintas fórmulas de financiación, así como para conocer su disposición real para invertir a corto y medio plazo en España. Ante el panorama de una crisis económica como la actual, que requerirá multiplicar el gasto público y muy concretamente el destinado a fines sociales, el Gobierno debe impulsar mecanismos que sean capaces de movilizar el capital privado y promover la inversión, una fórmula que permitiría abordar las actuaciones de obra pública más urgentes y optimizar el gasto y los recursos al tiempo que se genera actividad y se crea empleo.
Las grandes constructoras y las concesionarias llevan tiempo reclamando un modelo de financiación que canalice la inversión privada hacia las infraestructuras. Hace ahora exactamente un año, Seopán insistía en la necesidad de avanzar hacia un pacto de Estado en esta materia que determinase qué proyectos son prioritarios y cómo financiarlos. La irrupción de la pandemia y las graves consecuencias económicas que han tenido las medidas para contenerla ha puesto de nuevo ests cuestión sobre la mesa y ha impulsado al Gobierno a reabrir el diálogo con las empresas y abordar medidas como la implantación del pago por uso en las autovías, entre otras fórmulas de financiación.
El Ministerio de Transportes trabaja en un plan de autovías del que cuatro o cinco proyectos de calado están listos para licitarse ya en el marco de esta decidida apuesta por las infraestructuras. Como es imprescindible en un contexto de incertidumbre como el actual, el Gobierno está dispuesto a ofrecer un marco más flexible y atractivo para atraer la inversión, lo que incluye la ampliación de los plazos de concesión hasta los 25 años, la contención del riesgo expropiatorio y la mejora del rendimiento de las inversiones, una de las cuestiones sobre las que todavía no hay acuerdo y que determinarán la magnitud del capital que logren movilizar los proyectos. Como en el caso de las inversiones relacionadas con la descarbonización de la economía y el cumplimiento de la agenda de medio ambiente, la apuesta por canalizar fondos empresariales para abordar proyectos de infraestructuras puede ayudar de forma efectiva a impulsar la recuperación económica y solucionar al tiempo el problema del mantenimiento de las redes viarias em España.
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