La oposición presenta ocho decenas de enmiendas para suavizar la Tasa Google

Las propuestas incluyen rebajar el tipo del 3% al 2% o dejar fuera a más empresas. La Comisión de Hacienda inicia hoy el articulado del texto definitivo

La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero.

Tras superar a comienzos de mes las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Cs para evitar su tramitación parlamentaria, la tasa Google promovida por el Gobierno llega hoy a un punto culminante de su diseño. Una ponencia de representantes de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados tratarán de consensuar un texto definitivo a partir del Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, como se denomina oficialmente, y de las ocho decenas de enmiendas que los diferentes partidos de la oposición han presentado con el objetivo, en su mayoría de suavizar la propuesta del Ejecutivo.

De alcanzarse un texto de consenso que incorpore algunas de las enmiendas presentadas, este será llevado ante la Comisión para su valoración y la del resto de modificaciones que quedasen fuera, mientras que si no hay pacto alguno, los diputados deberán valorar el proyecto original y todas y cada una de las enmiendas registradas. Salvando alguna mejora de carácter técnico, sin embargo, parece poco probable que los socios de Gobierno acepten el grueso de las propuestas realizadas por la oposición por los cambios de calado que supondrían.

De momento, el punto de partida es el planteado el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que conlleva la creación de un nuevo impuesto que grave al 3% la publicidad online, la intermediación entre empresas y particulares o la venta de datos de usuarios. Deberán pagar la tasa las empresas que presten estos servicios si su volumen de negocio alcanza los 750 millones de euros en el mundo de los que al menos tres sean generados en España.

Aunque la estimación inicial fue que esta figura permitiría recaudar 1.200 millones al año, el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero ya anticipó a comienzos de 2020 que la desaceleración económica rebajaría sus ingresos potenciales a unos 968 millones. Está por ver cómo impactaría la crisis del Covid-19 en la recaudación. La idea, en cualquier caso, es sustituir la tasa española por el impuesto digital que se acabe pactando en el seno de la UE o de la OCDE.

A partir de ahí, los grupos más proactivos en la modificación del articulado han sido Vox, con 34 enmiendas (el 40% del total); el grupo plural (que incluye de JxCAT a los partidos regionales), con otras tres decenas; PP, con 10, y Cs, con ocho.

Así, por ejemplo, Vox propone rebajar el tipo impositivo del 3% al 2% y elevar el umbral de cifra de negocio en España por el que se debe tributar de tres a 50 millones, salvo que la cifra suponga al menos el 15% de ingresos mundiales de la empresa. El partido aboga además por explicitar que la tasa no afectará a periódicos ni revistas digitales así como a los servicios audiovisuales o la prestación de servicios de computación en la nube (cloud computing).

También insta a que la publicidad no se grave al aparecer, sino solo si el usuario hace click, o a que en lugar de que se tribute por cada operación, se haga por el conjunto de ingresos no sujetos ya a otros impuestos. Vox también pide que la liquidación sea anual, en vez de trimestral, y considera “desproporcionado” el régimen sancionador, que recoge multas por el 0,5% de la cifra de negocio –limitadas a entre 100.000 y 400.000 euros– para quien trate de evitar pagar el impuesto ocultando la dirección de Internet IP de sus usuarios o clientes.

Finalmente, Vox reclama que el impuesto no pueda ser modificable cada año al tramitarse los Presupuestos Generales del Estado.

Un planteamiento, en aras de “la seguridad jurídica”, con el que coinciden PP y Cs, quienes también pide evitar los casos de doble imposición entre la tasa y el impuesto de sociedades.

El partido naranja, a su vez, propone rebajar las multas a un máximo de entre 10.000 y 300.000 euros; que la liquidación sea trimestral; y que el gravamen solo pese en firmas que facturen 500 millones al año en el mundo y cinco en España.

El grupo plural, que también aboga por dejar fuera de la tasa a periódicos, revistas y firmas de telecomunicaciones, o por la liquidación anual, pide que el umbral para pagar sea desde los 25 millones en España.

Entre las pocas propuestas para endurecer el impuesto está la de ERC, que aboga por elevar el tipo impositivo del 3% al 5% y por ceder el 50% de los ingresos a las comunidades autónomas.

Arranca el diseño final de la tasa Tobin

Gravar las transacciones. En paralelo a la redacción final de la llamada tasa Google, la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados arranca hoy también el diseño definitivo del nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, la conocida como Tasa Tobin. Esta superó también en junio las enmiendas a la totalidad de los partidos que la rechazaban y el planteamiento de partida es un gravamen del 0,2% sobre la compraventa neta diaria de acciones de compañías españolas con una cotización superior a 1.000 millones, dejando fuera las operaciones intradía. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aspira a tener ambas tasas operativas desde otoño, si bien su redacción actual indica que no entrarán en vigor hasta tres meses después de su aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial del Estado. En ambos casos, el Gobierno ha manifestado que se trata de impuestos nacionales provisionales, a la espera de que se pongan en marcha figuras tributarias similares en el seno de la Unión Europea o la OCDE, que automáticamente serían adoptadas en sustitución. Aún así, las enmiendas más reiteradas son las que remarcan que se trata de tasas temporales que solo estarán vigentes hasta ese momento.

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