Montero descarta cambios fiscales para que los afectados por ERTE paguen menos impuestos

El Gobierno aprueba las nuevas condiciones para prorrogar los ERTE, pactadas con los agentes sociales, que incluyen más ayudas en caso de rebrotes

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.EUROPA PRESS (Europa Press)

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado hoy ha dado luz verde al acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales que fija las nuevas condiciones para prorrogar los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre. Igualmente, el Ejecutivo ha aprobado hoy la extensión hasta esa misma fecha de las ayudas extraordinarias de cese de actividad para los profesionales autónomos.

El mantenimiento y extensión de las exoneraciones de cotizaciones sociales que pagan las empresas ha sido la clave del acuerdo. Lo aprobado hoy por el Consejo de Ministros fija que estas ayudas, en función del número de trabajadores y de las circunstancias de la empresa, irán bajando progresivamente del 75% al 25% hasta septiembre. Si bien, el Gobierno ha aceptado volver a incrementar las exoneraciones a las empresas (a entre un 70% y 80%) si estas tuvieran que retornar a un ERTE total por fuerza mayor en el caso de que hubiera rebrotes.

Pero más allá de estas nuevas condiciones pactadas, el Ejecutivo descarta cualquier otra modificación respecto a la legislación de los ERTE. Concretamente, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, fue preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por posibles cambios en la tributación de las prestaciones recibidas por los afectados por ERTE, ante el posible aumento de los pagos que deberá acometer este colectivo en la declaración de la renta de 2020 por el hecho de tener dos pagadores.

Montero descartó por completo reformas en este sentido. “No hay ninguna perspectiva de cambiar nada en esta materia”, insistió la ministra de Hacienda.

La pregunta llegaba después de la voz de alerta dada por distintos expertos tributarios, entre ellos los del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas, quienes habían advertido de la posibilidad de un inesperado pago de impuestos de un buen número de afectados por ERTE en 2020, principalmente por el hecho de tener dos pagadores –la empresa y el Servicio Público de Empleo (SEPE)–.

Esto ocurre por un doble efecto: porque el SEPE no aplica retenciones de IRPF en el pago de las prestaciones y, probablemente, la empresa aplicará menores retenciones tras la reincorporación, y aún ganando menos la declaración le saldría a pagar. A esto se une el que la ley obliga a hacer la declaración a quienes cobren menos de 22.000 euros si tienen dos pagadores y el segundo abona menos de 1.500 euros anuales; o también si los ingresos no superan los 14.000 euros al año, pero lo abonado por el segundo pagador supera los 1.500 euros.

Demanda de CSIF

En este punto habían surgido demandas como las de la parte de empresas privadas del sindicato CSIF, entre otros, que este viernes reclamó que todos los afectados por ERTE que ingresaran menos de 22.000 euros anuales quedaran exentos de hacer la declaración.

Pero Montero confirmó ayer que mantendrá intacta la obligación de tributar de los beneficiarios de ERTE si cumplen los requisitos marcados por la ley. Según explicó, los trabajadores protegidos por ERTE deberán “contribuir de manera homogénea y justa a esta situación”, porque de lo contrario, “esto es como una pescadilla que se muerde la cola, y si no tenemos una fiscalidad amplia, progresiva y justa no podríamos seguir dando prestaciones a trabajadores y autónomos en situaciones de vulnerabilidad”, concluyó.

Nuevas condiciones de los ERTE

El acuerdo que ha visto hoy la luz en la reunión ministerial y que se traducirá en un Real Decreto Ley que entrará en vigor de forma inmediata, propone que a los ERTE de fuerza mayor total hoy vigentes (aquellos que tienen a todos sus trabajadores suspendidos de empleo) pasarán a un ERTE denominado "de transición" hasta el 30 de septiembre. Se les aplicará una exención en las cotizaciones empresariales del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre cuando la empresa tenga menos de 50 trabajadores. Para las empresas con más de 50 empleados, la exoneración de cuotas será del 50%, del 40% y del 25% en esos meses.

Si bien, para la aceptación la propuesta de Trabajo por parte de los interlocutores sociales ha sido clave que la ley considera que, en caso de rebrotes del virus, las empresas puedan volver a los ERTE de fuerza mayor y en ese caso se mantengan unas exenciones del 80% en el caso de las compañías con menos de 50 trabajadores y del 70% en el caso de las que tienen más de 50 empleados.

Por su parte, los ERTE de fuerza mayor parcial (aquellos en los que ya hay trabajadores reincorporados a su puesto), y los de causas objetivas (técnicas, organizativas, económicas y de producción) mantienen las exoneraciones del 60% para los trabajadores que vuelven a la actividad y del 35% para los que siguen con el empleo suspendido en el caso de las empresas de hasta 50 empleados. Para las empresas de 50 o más trabajadores, las exoneraciones serán del 40% para los trabajadores activados y del 25% para los no activados.

De esta manera, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido que el Ejecutivo ha logrado mantener el esquema de dobles exenciones primando más las ayudas por los trabajadores que se incorporen al trabajo que por aquellos que sigan en el ERTE parcial. "Se trata de incentivar desde las administraciones públicas que los trabajadores vayan incorporándose a su trabajo", ha dicho Montero.

"Tras este consejo de ministros, España es un país mejor y cuenta con una mejor protección social" ha insistido esta portavoz, tras defender que estsa prórroga de los ERTE permite que las empresas "tengan un instrumento que no provoque de forma directa una salida de los trabajadores del mercado laboral". Desta manera, se refería a la intención del Ejecutivo de evitar que el fin de los ajustes temporales de empleo se tradujera en despidos masivos en los próximos meses.

Borradores para regular el teletrabajo

Montero ha respondido también a la inquietud manifestada hoy por el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, acerca de la futura regulación del teletrabajo, tras conocerse la existencia de un borrador de proyecto de ley que el Gobierno ha trasladado a los interlocutores sociales para su negociación. En este caso, la portavoz ha resaltado que "se trata de borradores, solo eso, borradores que se tienen que trabajar para que sean fruto del acuerdo social".

En su opinión esta futura regulación persigue evitar "que no se produzca explotación de los trabajadores fuera su horario de trabajo pero también y los empleados que tengan compromisos exigibles y medibles por parte de las empresas, para medir la productividad y los salarios", ha explicado.

Pero, en cualquier caso, la ministra portavoz ha insistido en que no hay un plazo concreto para que esta futura regulación entre en vigor, pero sí ha condicionado su aprobación a un consenso previo con empresarios y sindicatos. "Cuando se haya alcanzado un acuerdo (en el diálogo social) se tramitarán los posibles textos legislativos", ha asegurado Montero.

Por otra parte, la ministra de Hacienda adelantó que su departamento publicará “en las próximas semanas” la orden ministerial para comenzar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. En este escenario, volvió a mostrarse abierta a modificar el programa fiscal pactado con Podemos para sumar el acuerdo de otras formaciones.