Flexibilidad en los ERTE y estímulos a las empresas para afrontar la crisis
Hasta ahora el objetivo de la regulación del Gobierno ha sido proteger el empleo, pero la urgencia de la recuperación obliga ahora a focalizar los esfuerzos tambien en las empresas
El Gobierno cerró ayer sin éxito el enésimo intento de llegar a un acuerdo con los sindicatos y la patronal respecto a las nuevas condiciones para prorrogar los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) cuando venzan algunas de las normas que los regulan que están vinculadas a la epidemia del Covid-19. Tras más de media docena de reuniones, ni el Ejecutivo ni los agentes sociales han logrado acercar posiciones en torno a las exigencias para extender una figura que ha resultado esencial durante los meses de confinamiento como medio de evitar una destrucción todavía mayor del empleo y que puede ejercer un papel clave en el nuevo escenario de recuperación.
De forma paralela a esa infructuosa reunión, Fedea publicaba también ayer el informe de la Comisión de Medidas Laborales del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19, que entre otras propuestas incluye un modelo propio de adaptación de los ERTE al período de reactivación de la economía. El esquema dibuja un proceso estructurado en dos fases, que incluiría la prórroga de los ERTE por fuerza mayor hasta finales de septiembre y su transformación de modo casi automático en ERTE ordinarios a partir de octubre, aunque solo en los sectores más afectados por la crisis. La propuesta se complementa con una revisión del esquema de exoneración de cuotas sociales a las empresas, una mayor flexibilidad para incluir o excluir a los trabajadores según evolucione la actividad y la corrección de la exigencia de mantener el empleo, que se sustituye por la posibilidad de despido cuando se trate de causas justificadas, más acorde con las previsiones de los próximos meses.
Durante los dramáticos meses de la crisis sanitaria el objetivo de la regulación laboral aprobada por el Gobierno ha sido proteger el empleo, pero la virulencia de la crisis y la urgencia de la recuperación obliga ahora a focalizar los estímulos también en las empresas, que son finalmente las que crean y mantienen el empleo. El oscuro horizonte económico que afronta España requiere de una normativa laboral que sin dejar de garantizar los derechos de los trabajadores sea lo suficientemente flexible como para adaptarse a un escenario nuevo y complejo. En ese contexto, el Gobierno debe fijar unas condiciones razonables y equilibradas para prorrogar los ERTE, así como garantizar que puedan extenderse el tiempo que sea necesario, especialmente en los sectores más golpeados por la pandemia. Sería un error fatal retirar o endurecer de forma prematura una regulación que ha demostrado su eficacia hasta ahora y que es fundamental para afrontar una crisis de intensidad inédita y que no tendrá un pronto final.