Bonos sociales, financiación directa contra la pandemia
Este título de deuda está en auge con emisiones específicas para mitigar el impacto del virus sobre las pymes. Las colocaciones de organismos públicos y bancos se están beneficiando del fuerte interés por la inversión responsable
El lenguaje bélico se ha apoderado de la pandemia provocada por el Covid-19. Ataque, combate, reconstrucción, estados de alarma, etcétera. En este contexto ha aparecido el bono social para financiar los desastres económicos del virus, que recuerda un poco a esos bonos de guerra de las películas estadounidenses de los años cuarenta y cincuenta.
A principios de mayo, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) lanzó la primera emisión de bonos sociales para mitigar el impacto del Covid-19. Aunque ya existía el bono social como tal, del que el ICO había realizado emisiones y que buscaba financiar proyectos económicos y sociales sobre todo enfocados a la llamada España vacía, ahora reciben el apellido del virus que ha hundido temporalmente las economías y dejado miles de muertos. Esta primera emisión del organismo público se hizo por valor de 500 millones de euros, con una demanda siete veces superior y el objetivo de “financiar operaciones de autónomos, pymes y empresas españolas orientadas a mitigar el impacto económico y social del Covid-19”, explican desde el ICO. A un plazo de cuatro años, ofrece a los inversores una rentabilidad del 0,259% anual.
La emisión del ICO queda aun así lejos de la actividad mostrada por las instituciones francesas. La Caisse Francaise de Financiament Local (Caffil), el Banco Público de Inversiones (BPI) o Unédic, la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, han apostado por los bonos sociales. Unédic de hecho realizó en mayor la mayor emisión de la historia de un bono social, por 4.000 millones de euros, y volvió a repetir cuantía con otra emisión en junio y demanda por casi el doble.
BBVA ha sido el primer banco europeo en lanzar este producto al mercado con una emisión de 1.000 millones de euros el pasado 27 de mayo con una rentabilidad del 0,75% anual y un plazo de cinco años. Desde el equipo de financiación mayorista de BBVA apuntan que la gran diferencia frente a los bonos normales es que “nos obligamos a reinvertir una cantidad igual a la del bono en proyectos elegibles, según la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”. El grupo aspira a aportar al menos 100.000 millones de euros a la financiación sostenible hasta 2025, una meta a la que va a contribuir el creciente interés de los inversores institucionales por los activos con etiqueta de responsable.
Al igual que ocurrió con la emisión del ICO, la de BBVA también tuvo una gran demanda: cinco veces superior a los 1.000 millones colocados. Tanto al organismo público como al banco presidido por Carlos Torres este apetito inversor les permitió bajar la rentabilidad inicial. “Con la fuerte demanda durante la colocación emitimos a un coste significativamente menor al inicialmente propuesto. Los bonos sociales se suelen beneficiar de la existencia de una demanda muy elevada que aún no está recibiendo suficiente oferta”, explican desde el banco.
La Comunidad de Madrid abrió tímidamente a finales de mayo el camino a las Administraciones públicas al emitir un bono social sanitario por importe de 52 millones de euros que fue admitida en el mercado de renta fija de BME. Con un plazo de tres años, la gestora de fondos de la aseguradora Mapfre suscribió toda la emisión, que toma como base de su fondo Mapfre Compromiso Sanitario.
Todas estas emisiones de bono social quedan fuera del alcance de los ahorradores particulares. Se colocan solo entre inversores cualificados o profesionales. Así, no es posible apoyar directamente a la economía con la compra de estos títulos. Pero sí de forma indirecta, ya que con datos de la emisión del ICO, el 33% de la emisión fue suscrita por gestoras de fondos, en las que los pequeños ahorradores pueden tener su dinero. Las aseguradoras adquirieron otro 24%.
Verificación y objetivos
Definición. Al igual que ocurre con las más populares bonos verdes, que financian proyectos sostenibles, los bonos sociales deben verificar que el dinero va destinado al objetivo social que se pretende. Así, según explican desde BBVA existe un informe inicial por parte de una agencia certificadora, que es público, en el momento de emisión, pronunciándose sobre la existencia de proyectos elegibles, de acuerdo al marco de las Naciones Unidas y con la estructura de gobernanza interna que asegure la correcta identificación y trazabilidad de la reinversión.
Reinversión. Además, anualmente, hay un informe de reinversión certificado por externos, que no solamente certifica el volumen de reinversión, pero mucho más importante, la traducción de estas reinversiones en efectos y variables medibles de impacto real en la sociedad.
Pymes. En general bonos sociales del ICO se enfocan a financiar micro empresas o pymes, según la definición de la UE. Deben estar localizados en una región cuyo PIB per cápita esté por debajo de la media nacional, y además se excluye a aquellas compañías cuya actividad esté fuera de los sectores no considerados sostenibles.