Un plan de ayudas al motor que debe completarse con una estrategia integral

Urge abordar también medidas regulatorias que refuercen el atractivo de España como destino para la inversión extranjera

La llamada de socorro de la industria del automóvil para afrontar la crisis abierta en el sector por la lucha contra el Covid-19 ha tenido como respuesta un Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción, dotado con 3.750 millones de euros, de los cuales 615 se movilizarán de forma inmediata en una primera etapa. Como detalló ayer la ministra de Industria, Reyes Maroto, 100 millones corresponden a la segunda edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), 500 a una línea ICO para la compra de vehículos comerciales e industriales y 15 a inversiones en plantas de producción. El Ejecutivo destinará 250 millones a la renovación del parque automovilístico, mediante ayudas a la compra que oscilarán entre 800 y 5.000 euros, dependiendo de si se trata de coches de combustión o eléctricos. También se acometerá una reforma integral de los impuestos de circulación y matriculación.

La arquitectura del potente plan que ha anunciado el Gobierno está integrada por ayudas directas y bonificaciones fiscales a particulares, empresas y autónomos y entidades públicas, así como por inversiones productivas y para innovación y formación. Constituye una de las más destacadas inyecciones de dinero público aprobadas para el sector del automóvil en el marco de esta crisis, aunque lejos de los 8.000 millones que sitúan a Francia a la cabeza de Europa en este ámbito. La industria española ha acogido con lógica satisfacción un paquete cuyo primer objetivo es hacer frente a la histórica caída de las compras de vehículos provocada por la pandemia, que en el mes de abril llegó a ser del 95% y que se une a los anuncios de cierre de factorías, como en el caso de la de Nissan en Barcelona, y a un horizonte oscurecido por una crisis de dimensión global.

Precisamente por ello, el plan de choque puesto en marcha por el Gobierno es una pieza indispensable en una estrategia que debe aspirar a ser integral y a abordar también medidas regulatorias que refuercen el atractivo de España como destino para la inversión extranjera, algo especialmente importante en una industriaccuyos centros de poder y decisión están fuera de las fronteras españolas. Esa estrategia debe apostar por un mercado de trabajo flexible –lo que supone dejar de hablar cuanto antes de la derogación íntegra de la reforma laboral–, una mejora del marco fiscal, una regulación estable, homogénea y jurídicamente segura y un discurso político que favorezca, y no demonice en aras de un futuro sostenible que es deseable, pero que todavía no está aquí, el perfil actual del sector del automóvil en España y sus fortalezas y necesidades.