El comercio y restauración de los aeropuertos urgen una revisión de las rentas a Aena
Medio centenar de empresas pide negociar el reequilibrio de los contratos mientras la pública ha eximido el pago de alquileres hasta la reapertura
Las concesionarias de los espacios comerciales en los aeropuertos de Aena han pedido una negociación con la compañía pública con el doble objetivo de buscar el reequilibrio económico-financiero de sus contratos, ante el cierre obligado por la pandemia, y diseñar la desescalada una vez que los viajeros vuelvan a las terminales y puedan reabrirse tiendas, restaurantes y demás establecimientos.
Un grupo de medio centenar de compañías, entre las que se encuentran las mayores cadenas de venta en los aeropuertos, a excepción de Dufry, remitió la semana pasada una carta al presidente de Aena, Maurici Lucena, en la que requieren una mesa de diálogo. Las formas son más que correctas. En la misiva se reconoce la “positiva actitud, siempre constructiva” del área de negocio no regulado de Aena, así como la existencia de contactos desde que se desencadenó la crisis. Sin embargo, las empresas también muestran preocupación y quieren ver negro sobre blanco algún tipo de solución a la situación crítica que atraviesan una vez superados los tres meses de clausura de los negocios y ante un regreso repleto aún de incertidumbres.
Los operadores de los locales comerciales buscan la viabilidad de las concesiones a medio y largo plazo
Preocupan las estimaciones a las que se refirió el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el día 3 en el Senado. Allí habló de la posibilidad de que el tráfico no se recupere hasta 2022 o, incluso, 2023. Aena declaró el pasado vienes una caída de tráfico del 99% en mayo (un 58% desde enero). Previamente, el consejo había decidido el 28 de abril “facultar al equipo gestor para estudiar los efectos que en los distintos contratos comerciales producen la crisis sanitaria y las medidas adoptadas por los poderes públicos para hacerle frente y, en su caso, negociar y acordar las modificaciones contractuales que procedan, incluyendo las de las rentas fijas y la renta mínima anual garantizada”.
En una comunicación posterior, Aena aseguró que había “eximido del pago de la renta fija mensual y de la parte alícuota de la renta mínima garantizada a los operadores de alquiler de vehículos, agencias de viajes, servicios financieros, tiendas, restauración y otras explotaciones comerciales que hayan suspendido su actividad desde el día de inicio del estado de alarma hasta el levantamiento total o parcial de la suspensión”.
Pese a este esfuerzo por parte de Aena, que también sufre sin ingresos, hosteleros y referencias del retail reclaman un marco económico “justo y equilibrado” que proteja los intereses de Aena, pero también garantice la viabilidad de los operadores comerciales a corto plazo, y marque una “razonable expectativa de rentabilidad a medio y largo plazo”, expone la carta.
La demanda es un tijeretazo en las rentas mínimas garantizadas (RMGA) que Aena incluye en los contratos de las tienda duty free, locales de restauración, tiendas o espacios dedicados a la publicidad, entre otros.
La mayoría de los contratos fijan una renta variable sobre las ventas y la citada RMGA, que asegura un importe mínimo a abonar por el arrendatario, que compromete un porcentaje de su plan de negocio con Aena.
El espejo de la contratación pública
Aena dejó de recoger la RMGA en sus cuentas el 15 de marzo, ante el estado de alarma, y puso en revisión la percepción de estas rentas y su cuantía. Finalizado marzo, declaró ingresos comerciales por 209 millones (un 16% menos), de los que 27,4 millones representaban rentas mínimas garantizadas.
Los clientes dejan entrever ahora que peligra el empleo. Su baza para buscar el reequilibrio de los contratos, que ganaron en licitación pública, es la de asimilar su situación a la de contratistas de obra y concesiones públicas. Declarado el estado de alarma, el Gobierno corrió con los gastos de los primeros durante la paralización de la actividad, y reguló el reequilibrio, a través de incrementos tarifarios o la extensión de plazos de explotación, a las concesionarias.
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