Las mascarillas y la distancia social estarán vigentes hasta que el virus sea derrotado

El decreto que regirá hasta que la pandemia se considere superada impone protocolos de seguridad en transportes, centros de trabajo o residencias de ancianos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.Pool

Casi tres meses después de decretar el estado de alarma ante la pandemia del Covid-19, el Consejo de Ministros ha celebrado este martes su primera reunión presencial en semanas para regular las restricciones en respuesta al coronavirus que persistirán tras el 21 de junio.

Será ese día cuando concluya en todo el país la prórroga del estado de alarma, la última para la que el Gobierno ha conseguido apoyos parlamentarios suficientes, lo que deja los protocolos de contención del virus sin el respaldo del paraguas constitucional utilizado hasta la fecha.

Aunque ya no podrá restringir la movilidad de los ciudadanos, el Gobierno ha impulsado un real decreto ley que, entre otras cosas, mantendrá la obligación de usar mascarillas en espacios cerrados o en la calle si no es posible mantener distancias de seguridad de 1,5 metros (cifra rebajada desde los dos inicilamente estimados), bajo pena de multas de hasta 100 euros.

Hay que tener en cuenta además, que el 52% de la población española está ya en la fase 3 del proceso de desescalada, un último estadio en el que los presidentes autonómicos puede decidir ya el paso a la llamada nueva normalidad dejando atrás el estado de alarma y rigiéndose por el nuevo decreto del Gobierno.

Así lo ha explicado este martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al término del Consejo de Ministros que ha reunido a los titulares de todas las carteras ministeriales tras meses en los que la cita solo reunía en persona a los responsables del mando único mientras que el resto intervenía por videoconferencia.

“Hasta que no tengamos derrotado al virus, tienen que mantenerse en vigor” estas medidas, ha detallado Illa, explicando que el decreto estará vigente mientras dure la emergencia sanitaria. Solo cuando el Gobierno declare superada la pandemia de forma motivada, en coordinación con las comunidades autónomas en el seno del Consejo Territorial de Salud y previo informe del centro de coordinación y emergencia sanitarias, dejará de estar vigente la norma.

Más allá del uso obligatorio de mascarillas, la norma establece una serie de medidas de prevención e higiene en centros de trabajo, comercios, centros educativos o sanitarios. A su vez, los centros residenciales de personas mayores deben estar coordinados con los centros de recursos sanitarios de su territorio que tendrán que tener planes de contingencia para hacer frente a posibles rebrotes, ha detallado Illa.

En paralelo, se prevén medidas de seguridad en los transportes, como la obligatoriedad de ofrecer asientos preasignados o de mantener los registros de pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas para garantizar trazabilidad en caso de que hubiera algún positivo por coronavirus que hubiese viajado, ha dicho el ministro, avanzando que se permite a AENA y a puertos del estado a contratar personal adicional para realizar controles sanitarios.

En el caso de la Liga de Fútbol Profesional y la ACB, su funcionamiento dependerá del Consejo Superior de Deportes, previa consulta con los organizadores de las competiciones deportivas, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

También se toman medidas para garantizar la detección precoz, la vigilancia epidemiológica, el acceso a material sanitario y de medicamentos y se hace hincapié en mecanismos de detección precoz y vigilancia epidemiológica.

Ademas se da continuidad a las obligaciones de recogida y tratamiento de información por parte de todos los operadores sanitarios autonómicos y la realización de pruebas PCR tan pronto sea posible para confirmar posibles casos de forma precoz.

La norma también estipula medidas para garantizar capacidad del sistema sanitario ante la eventualidad de un rebrote, especificando los recursos en materia de disponibilidad de profesionales sanitarios y camas que hay que poder tener preparados en un periodo breve de tiempo.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha recordado que el 21 de junio decaerá el estado de alarma con todas las medidas que cuelgan del mismo de forma automática. Sin embargo, ha matizado, iniciativas tan importantes como han sido las condiciones especiales de ERTE ligadas al Covid-19 o la prestación de cese de actividad para autónomos podrían ser extendidas más allá, algo, en todo caso, que ha dejado en manos de un pacto en el seno del diálogo social. Será una vez alcanzando un acuerdo con patronal y sindicatos cuando se anuncien las nuevas condiciones, ha expuesto.

En el caso del aforo de comercios o locales de restauración, actualmente acotados en función de las distintas fases del proceso de desescalada, Illa ha matizado que el fin del estado de alarma dejará en manos de las autoridades autonómicas establecer las medidas de prevención, limitación o distanciamiento que vean convenientes.

En el caso de la movilidad, el fin del estado de alarma dará paso a la posibilidad de que los ciudadanos se desplacen ya libremente por todo el territorio se encontraran en la fase en que se encontraran el 20 de junio, última jornada antes de la nueva normalidad generalizada. A partir del día 21, solo podrán imponerse confinamientos selectivos y localizados como los que se llevaron a cabo en Igualada, por ejemplo, en el arranque de la pandemia.

Más allá de los términos del decreto, el Gobierno ultima la apertura de las fronteras españolas a los visitantes procedentes del extranjero que tendrá una primera prueba piloto en Baleares, donde se permitirá el acceso a viajeros alemanes. Illa ha explicado que se trata de una propuesta autonómica realizada al Ministerio de Turismo al que Sanidad no se ha opuesto y que otras regiones podrán solicitar imitar en calidad de prueba piloto.