Una normativa medioambiental capaz de estimular la recuperación

España debe aprovechar el duro escenario económico que el país afronta en este momento para reflexionar sobre las fortalezas y debilidades del modelo económico

La crisis que ha provocado la lucha contra la epidemia del Covid-19 ha puesto sobre la mesa la necesidad de diseñar políticas capaces de movilizar la inversión para impulsar cuanto antes la recuperación económica. Como en todo escenario de fuerte destrucción de actividad, la economía pospandemia puede ser una oportunidad para captar recursos a través de un modelo de crecimiento más diversificado y flexible y que incorpore los objetivos de digitalización, sostenibilidad y transición medioambiental que integran la agenda comunitaria para los próximos años. Un ejemplo de ello es el propio fondo de reconstrucción que ha propuesto la Comisión Europea, del que a España corresponderían a priori unos 140.000 millones entre subvenciones y préstamos, el equivalente al 11% del PIB, y que liga las ayudas a la presentación de un sólido plan de inversiones y reformas, entre las que destacan las que fomenten empleos vinculados a la descarbonización y las energías renovables, así como el apoyo a pymes relacionadas con la transición ecológica.

En esa estrategia se encuadra la ofensiva regulatoria que ha retomado el Gobierno en materia medioambiental y que incluye el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética –un texto con el que se quiere atraer más de 200.000 millones de euros de inversión hasta 2030– y la aprobación de la Estrategia Española de Economía Circular junto al anteproyecto de la Ley de Residuos. Este último paquete normativo, que recoge por primera vez limitaciones a los plásticos de un solo uso, tiene como objetivo fundamental impulsar una economía de optimización y reciclado de recursos y que genere bajos niveles de carbono.

España debe aprovechar el duro escenario económico que el país afronta en este momento para reflexionar sobre las fortalezas y debilidades del modelo económico y para concentrar esfuerzos en potenciar sectores que han evidenciado su valor durante los peores momentos de la crisis, como el agroalimentario, y que pueden ser también una clave económica para los territorios de la denominada España vaciada. El impulso a la normativa medioambiental, que obligará a movilizar una elevada cantidad de recursos, tiene potencial suficiente para convertirse en una de las palancas del proceso de recuperación económica, al tiempo que permite avanzar en la incorporación de una agenda europea que la pandemia ha ralentizado, pero no derogado. En todos esos esfuerzos normativos, el Gobierno debe poner el foco en aquellas medidas que fomenten la inversión y la actividad productiva y posponer o aplicar de forma gradual la parte más gravosa para las empresas, que son el motor de la creación de riqueza y, por tanto, la clave de la recuperación.