Una cooperación público-privada clave para la recuperación

Urge identificar las inversiones más útiles económica y socialmente y agilizar los proyectos para que su impacto económico se haga efectivo cuanto antes

La recuperación económica que España debe afrontar para superar la profunda crisis desencadenada por el Covid-19 exigirá un elevado esfuerzo de movilización de recursos tanto por parte de los poderes públicos como del resto de los agentes económicos, lo que debería propiciar una mayor colaboración entre ambos. En ese horizonte se encuadra el anuncio sobre la aprobación antes de fin de año del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, un texto que fijará criterios para seleccionar inversiones prioritarias, avanzar en la financiación de infraestructuras y buscar soluciones que permitan sufragar la conservación de la red viaria, como es el caso del pago por uso. Como señaló ayer el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el Ejecutivo quiere impulsar fórmulas de colaboración con las empresas para promover la inversión mediante contratos de concesión, lo que permitiría abordar actuaciones prioritarias y optimizar el gasto público, al tiempo que se moviliza la economía y el empleo. El objetivo del Gobierno no se ciñe solo a las infraestructuras, sino también a la vivienda, con especial atención a los planes inmobiliarios, la rehabilitacion de edificaciones y la regeneración urbana y rural.

Desde el sector de la construcción se lleva mucho tiempo reclamando la aprobación de un modelo de financiación público-privada que posibilite el mantenimiento sostenible de las infraestructuras y permita impulsar nuevos proyectos, una demanda que ahora encuentra eco por la compleja situación económica que ha creado la pandemia y por la necesidad de racionalizar con eficacia el gasto público. Tanto el ministerio de Transportes como Hacienda trabajan ya para presentar ante Eurostat una fórmula de financiación mixta publico-privada que permita agilizar la activación de proyectos y equilibrar el riesgo financiero del Estado, con el fin de que ese esfuerzo inversor no compute como déficit público. La propia Bruselas ha insistido ya en la conveniencia de anticipar los proyectos de inversión pública que se hallen en fase avanzada de desarrollo y de promover la inversión privada como forma de alimentar la recuperación en una coyuntura en la que el gasto, especialmente en una economía como la española, es una variable clave.

España se halla inmersa en una coyuntura histórica en la que colaboración público privada puede y debe jugar un papel fundamental. Ello exige identificar con claridad las inversiones más útiles económica y socialmente, evitar dispendios y derroches de épocas pasadas, estudiar alternativas de pago por uso en infraestructuras y tratar de agilizar los proyectos para que su impacto económico se haga efectivo cuanto antes.