IMV

El Gobierno aprueba el Ingreso Mínimo Vital para cerca de 850.000 hogares

Los solicitantes solo deberán acreditar la edad y residencia en España

La prestación complementará ingresos hasta una renta garantizada de entre 462 y 1.015 euros al mes

Aprobado Ingreso Minimo Vital
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (3d), el ministro de Sanidad, Salvador Illa (1d), la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero (2i), la vicepresidenta Carmen Calvo (1i) y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera (2d), en el Consejo de Ministros Extraordinario celebrado hoy con el objetivo de aprobar el Ingreso Mínimo Vital. Moncloa

El Gobierno ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) este viernes en un Consejo de Ministros Extraordinario. La prestación persigue reducir en un 80% la pobreza extrema en España y llegará a cerca de 850.000 hogares (unos 100.000 de ellos monoparentales), de los cuales 100.000 la recibirán este mes de junio. La cuantía oscilará entre los 462 euros y los 1.015 euros dependiendo de la composición del hogar.

El vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, ha calificado la medida como "el mayor avance en derechos sociales al menos desde la ley de dependencia de 2006". El equipo de Iglesias, junto con el del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han preparado durante semanas esta prestación, que formaba parte de los compromisos acordados por el PSOE y Unidas Podemos para su Gobierno de coalición. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha aseverado que esta ayuda supondrá "una red de seguridad" contra la pobreza extrema.

Esta mañana el presidente Pedro Sánchez se ha adelantado al anuncio del IMV por parte de su equipo de Gobierno a través de su perfil de Twitter. "El Ingreso Mínimo Vital que hoy arranca será permanente y beneficiará a unos 850.000 hogares. Una política de garantía de rentas que ampara a quienes peor lo están pasando, combate la pobreza y contribuye a la recuperación económica de nuestro país. No dejaremos a nadie atrás".

Según un borrador del Proyecto de Real Decreto-Ley, para acceder a la prestación se deberá acreditar la situación de vulnerabilidad y llevar al menos un año residiendo de forma legal en España, lo que deja fuera a los migrantes en situación irregular. Si bien se contemplan algunas excepciones como en el caso de los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata de seres humanos, a partir de la expedición de la autorización de residencia provisional o las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, aunque se encuentren en situación irregular.

Asimismo, según este borrador, en caso de que el solicitante de la prestación esté emancipado, su edad mínima deberá ser de 23 años (salvo que tengan 18 y menores a cargo con un año de residencia). Además, como excepción, se contemplan los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad. El límite de edad para percibirla serán los 65 años.

También podrán acceder al ingreso mínimo aquellas mujeres víctimas de maltrato que hayan  abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.

Incentivo al empleo

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá estrategias de inclusión de las personas beneficiarias y se aplicará un "incentivo" al ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia donde uno o todos los activos estén trabajando.

Igualmente, se contempla la creación de una Comisión de seguimiento, que estará presidida por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y contará con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad Social, a la que se sumará un Consejo Consultivo del Ingreso Mínimo Vital como órgano de cooperación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

El Gobierno ha estimado que el coste de la renta mínima se elevará a unos 3.000 millones de euros anuales que serán financiados con cargo a los presupuestos generales del Estado. El IMV podría complementarse, además, con otras rentas salariales, así como con otras prestaciones de las comunidades autónomas.

Según indicó este lunes en un debate organizado por Oxfam Intermón la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Seguridad Social, Milagros Paniagua, el objetivo que se plantea el Gobierno con la aprobación del ingreso mínimo vital es "reducir la pobreza severa en torno a un 80%" en España.

Gestión autonómica

En cuanto a la negociación con las CCAA, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con el PNV por el cual el País Vasco y Navarra asumirán los trámites de esta prestación. A raíz de conocerse este pacto, otras comunidades han pedido que también se les transfiera la gestión del IMV, como Cataluña o Galicia, o han pedido la "cogestión" del mismo, como en el caso de la Generalitat Valenciana.

También está dispuesto a asumir la gestión del ingreso mínimo el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quien ha asegurado que "no se entendería" que entre las comunidades autónomas hubiera diferencias, una idea en la que también ha insistido el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que ha rechazado la decisión de ceder la gestión de esta prestación a País Vasco y Navarra porque "ahonda en la desigualdad entre comunidades autónomas".

También se ha quejado por esta decisión la consejera balear de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, que en todo caso ha considerado "arriesgado" que Baleares gestione al 100% el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

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