El plan de la CE no libera a España de su responsabilidad en la recuperación

El Gobierno debe poner en marcha una política económica propia de un país riguroso y responsable, que aborde reformas eficaces y destierre los sobresaltos

La Comisión Europea desveló ayer finalmente el esperado borrador del plan de recuperación económica de la UE para los próximos años, que será financiado a través de bonos europeos y canalizado a los Estados miembros mediante una fórmula mixta de transferencias directas y préstamos reembolsables. La propuesta de Bruselas, potente y extraordinariamente ambiciosa, consiste en un fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros en dos años, la mayor parte de los cuales serán transferencias directas. De ese montante, 140.000 millones corresponderían a España, el equivalente al 11% del PIB, lo que sitúa a la economía española como una de las más beneficiadas por la ayuda, en consonancia con su condición de país especialmente afectado por la crisis desencadenada por el Covid-19. La artillería que ha diseñado la Comisión obliga a elevar el techo de gasto del presupuesto comunitario para 2021-2027 y lo sitúa en 1,85 billones de euros.

La propuesta de la CE es inédita no solo en su magnitud, sino también en su diseño financiero, y constituye una respuesta histórica a una crisis de dimensiones extraordinarias. El Gobierno ha acogido con lógica satisfacción la solución de Bruselas, que responde al enfoque defendido por el Ejecutivo y constituiría una excelente noticia para España. Pese a ello, es importante recordar que se trata de un borrador llamado a afrontar una negociación dura y compleja en un entorno escasamente pacífico y muy dividido respecto a la cuantía de la ayuda y al tipo de instrumento para canalizarla. La pugna entre los países alineados con una respuesta más ortodoxa y austera, como Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, que apoyan los préstamos reembolsables, y las economías más castigadas por los efectos secundarios de la lucha contra la pandemia, que reclaman subvenciones a fondo perdido, será encarnizada y el resultado podría afectar de forma sustancial a la solución desvelada ayer por Bruselas.

Como país severamente afectado por la crisis, España debe afrontar esa negociación de forma firme, pero decididamente proactiva. Aunque el plan de Bruselas ya vincula la ayuda a la realización de reformas económicas, el Gobierno debe asumir cuanto antes y sin demora su propia tarea de reconstrucción frente a la crisis. Ello exige poner en marcha una política económica propia de un país riguroso y responsable, que aborde reformas eficaces y racionales, gestione con verdadera eficiencia el gasto público, destierre los populismos, las contradicciones y los sobresaltos y se concentre en gestionar con mayor agilidad una desescalada cuyo ritmo está por debajo del de otros países europeos en lugar de poner una y otra vez palos en sus propias ruedas.