Hacienda retrasa a septiembre la publicación de la lista de morosos con el fisco

El Gobierno amplía la moratoria crediticia para beneficiar también a suscriptores de contratos de leasing

La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero.

El Gobierno aprobó este martes el enésimo real decreto ley ómnibus con medidas económicas y tributarias para dar algo de aire a empresas, pymes y autónomos ante las tensiones de liquidez que provoca la crisis desatada por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Como medida principal, el Consejo de Ministros amplió de tres a cuatro meses el periodo de carencia sin costes del plan de aplazamiento del pago de impuestos ya vigente para pymes y autónomos. La medida fue aprobada el 12 de marzo, dos días antes del decreto del estado de alarma, y permite a las pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia aplazar el pago de hasta 30.000 euros en impuestos como IRPF, Sociedades o IVA durante un periodo máximo de seis meses con tres de carencia, en los que no se aplica ningún coste o interés, que ahora pasan a cuatro meses.

Esta modificación formaba parte del plan sellado con Ciudadanos para garantizarse su apoyo a la extensión del estado de alarma. Una alianza que el Ejecutivo busca amarrar, tras el descontento causado por el acuerdo entre PSOE-UP y Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral, a fin de extender la medida de excepción durante toda la desescalada.

Hasta la fecha, según detalló la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, 638.652 empresarios ya han presentado 1,01 millones de solicitudes que les han permitido retrasar el pago de 3.031 millones de euros en tributos.

En materia tributaria destaca también la decisión del Gobierno de adaptar la declaración del impuesto de Sociedades para permitir que aquellas empresas que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales antes del plazo previsto para la declaración como consecuencia de la pandemia, puedan presentar las disponibles en ese momento. También se habilita un régimen especial para presentar otra declaración, sin recargos, con las cuentas definitivas antes del 30 de noviembre.

En tercer lugar, Hacienda ha retrasado del primer semestre (habitualmente en junio) a septiembre la publicación de la lista anual de grandes morosos con la Agencia Tributaria “para que puedan resolverse con todas las garantías los procedimientos establecidos” en medio de la crisis sanitaria.

De otra parte, el Consejo de Ministros agilizó los trámites de concesión de las moratorias de préstamos, hipotecarios y de otro tipo, a petición de la Autoridad Bancaria Europea. Se amplían además sus beneficiarios permitiendo el aplazamiento de cuotas de contratos de arrendamiento financiero (leasing), habituales entre autónomos.

Más allá, el Consejo de Ministros ha adaptado la legislación española para que las entidades se abstengan de repartir dividendos, o de contraer compromisos en firme para hacerlo, hasta “al menos” el 1 de octubre de 2020. Finalmente, el Gobierno ha ampliado un año el plazo para que las fundaciones bancarias creen un fondo de reserva, medida que beneficia directamente a Unicaja y a Kutxabank, que tendrán hasta 2025 para cumplir con esta obligación.

Moody´s teme que el programa de avale se agote antes del otoño

La agencia de calificación de riesgos Moody´s valora muy positivamente el impacto del programa de 100.000 millones de euros en avales públicos que el Gobierno ha puesto en marcha para facilitar financiación bancaria al tejido productivo que evite que las tensiones de tesorería provocadas por la crisis del coronavirus deriven en problemas de solvencia. La agencia advierte, sin embargo, que el monto es inferior al impulsado en otros países vecinos como Alemania, Francia o Italia y ve probable que se consuma íntegramente antes de finales de septiembre por la alta demanda registrada. En paralelo, recoge Europa Press, Moody´s asume que la banca perderá apetito por la concesión de crédito a empresas no avaladas.

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