Marlaska sube el sueldo a Policía y Guardia Civil en plena polémica por los ceses

El número dos de la Benemérita renuncia tras la destitución del Jefe de la Comandancia de Madrid pero el titular de Interior dice que se trata de procesos naturales de sustitución

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (izquierda) y el teniente general Laurentino Ceña, el pasado mes de enero Efe

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha comparecido hoy en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para anunciar el pago de la tercera fase de la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional con las policías autonómicas. Para ello, ha anunciado que se destinarán 247 millones de euros.

Con este desbloqueo se cumple, según el ministro, con el acuerdo firmado con el Ejecutivo por estos colectivos en 2018, y que implicaba un total de 807 millones para dicha equiparación salarial. Ha precisado que este aumento, que supondrá un incremento medio del 20% en las nóminas de policías y guardias civiles, se abonará en los próximos meses con efectos retroactivos desde el 1 de enero pasado.

No obstante, Grande-Marlaska ha dado también explicaciones por el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por no haber comunicado que había remitido al juzgado un informe sobre las manifestaciones del 8M en relación con la expansión del Covid-19. Así, ha desvinculado la decisión de dicha investigación y ha dicho cese se produjo como consecuencia de "un proceso natural de sustitución basado en la pérdida de confianza. No tiene otra motivación", ha comentado.

Dicho esto ha asegurado "respetar las referencias o alegaciones que hayan hecho asociaciones judiciales o profesionales" al respecto, pero ha insistido que el cese se ha producido en medio de "un proceso de actualización de los equipos, un proceso normal de sustitución" que ha equiparado a  "otros cambios que se han visto mínimamente paralizados en los momentos más duros de la pandemia".

Asimismo, Grande-Marlaska ha explicado que la solicitud de ser cesado del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, que se ha producido tras conocerse el cese de Pérez de los Cobos obedece a su jubilación.  Fuentes consultadas por EFE indicaron que Ceña tenía pensado retirarse este mismo mes, como había manifestado públicamente, ya que cumplía los 65 años y quería jubilarse, aunque en su cargo de DAO podía continuar independientemente de la edad. De hecho, el ministro del Interior ha precisado que estaba previsto que Ceña se hubiera retirado el 23 de marzo, por edad, pero que pactó prorrogar sus servicios al 13 de mayo, fecha en la que cesó en el cuerpo. "Su relevo ya estaba siendo diseñado, y él era conocedor", ha añadido.

En este escenario, Grande-Marlaska ha negado que la aprobación de la tercera fase de la equiparación salarial de la Guardia Civil se haya adoptado hoy para desviar la atención. "Era un compromiso del propio presidente, esto no se lleva a consejo de ministros en de un día para otro, y me remito a Comisión de Subsecretarios del pasado jueves, dónde ya había referencia a esta circunstacia".

El polémico informe sobre la expansión del virus que ha desencadenado esta cadena de ceses y dimisiones ha salido a la luz hoy martes. Fue elaborado por la Guardia Civil por encargo de la juez Carmen Rodríguez-Medel en el marco de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de la marcha del 8-M, y concluye que a partir del pasado 5 de marzo "no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19".

En el documento, de 83 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, también se afirma que a partir de la mencionada fecha tampoco se deberían haber celebrado unas y cancelado otras, "como al final terminó ocurriendo", en referencia a la convocatoria de la marcha por el Día de la Mujer en Madrid mientras se suspendía un congreso evangélico en la ciudad. Se trataba de un congreso mundial, con unos 8.000 asistentes de diferentes países, incluidos muchos en los que había habido casos de coronavirus. Además, en España había aparecido precisamente uno de los principales focos de contagio en una iglesia evangélica.

Según los investigadores de la Guardia Civil, en esas fechas ya existía un "profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas".

El informe subraya en sus conclusiones que las "recomendaciones imperativas" que se transmitieron desde el Ministerio de Sanidad al "colectivo evangélico" y el "nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones" son indicios de la "preocupación" de estos frente a la pandemia y "su interés real por velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios".

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