Marín votó en contra del dictamen de la CNMC sobre la ley del clima

El presidente fue muy crítico con un informe que respaldó el pleno del organismo

José María Marín, presidente de la CNMC.

La Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, que preside la vicepresidenta del organismo, María Fernández, aprobó el pasado 5 de marzo el dictamen preceptivo sobre el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, un texto que el Consejo de Ministros remitió este martes a las Cortes para su tramitación parlamentaria. El presidente, José María Marín Quemada, que lo es también de la segunda sala que conforma el organismo, la de Competencia, exigió que el informe fuese convalidado por el pleno, que también preside él.

Una decisión que muchos consideraron poco ortodoxa, si bien, no tuvo consecuencias prácticas pues también el pleno, en su reunión del 9 de marzo, respaldó el dictamen de la Sala de Regulación y lo remitió de inmediato al Ministerio para la Transición Ecológica. Eso sí, con dos votos en contra, uno de ellos, del propio Marín Quemada, partidario de un dictamen mucho más crítico. Por ejemplo, según fuentes del sector, era partidario de eliminar el sistema de subastas de renovables, que reconoce la futura ley.

Pese al tiempo transcurrido y de haber recibido críticas internas y externas por la demora en dar a conocer el informe de una de las leyes estrella de la legislatura, la CNMC ha retenido la publicación hasta ayer, justo un día después de que el Gobierno la enviase al Congreso. Aunque el organismo no tiene ninguna regla escrita sobre los plazos para publicar sus informes, publicarlo a posteriori puede inducir a error, indican fuentes políticas. Esto es, se puede hacer creer que las críticas o recomendaciones del organismo siguen vigentes, cuando, en parte, están ya recogidas en la versión final. En otras palabras, no se sabe si son críticas al anteproyecto que mandó al ministerio y o al proyecto de ley en que se ha convertido una vez ha llegado a las Cortes.

Entre las propuestas del informe recogidas por Transición Ecológica está la de eliminar el compromiso de subastar, al menos, 3.000 MW de capacidad renovable cada año, que figuraba en el texto original. El regulador consideraba demasiado rígido “fijar un volumen mínimo de puesta en servicio de dicha capacidad”, por lo que ha desaparecido del texto final. También el Consejo de Estado en su dictamen recomendaba no adoptar unos objetivos definidos en una norma muy a largo plazo.

Haber dejado un volumen cerrado habría obligado a cambiar vía norma con rango de ley cualquier incumplimiento anual. Respecto a dichas subastas verdes, que, finalmente, se harán por tecnología, la CNMC pedía que se realizasen “bajo la normativa europea de ayudas de Estado”.

Otro punto que el ministerio asumió fue la petición de que los gestores de las redes energéticas y transportistas (Enagás y REE) no puedan otorgar directamente préstamos a otras sociedades de su grupo empresarial, que el proyecto de ley del clima recoge en una disposición final. Esta medida se une a la propuesta, muy aplaudida por la CNMC pues era una antigua reivindicación suya, de imponer a estas compañías reguladas y sus filiales la obligación de comunicarle operaciones corporativas, como adelantó CincoDías.

Ambas empresas han eludido pasar por la ventanilla de la CNMC, ya que la ley que regula el organismo, solo recoge hasta ahora esta obligación si la operación corporativa la realiza la filial regulada, pero no la holding u otras sociedades del grupo. Otra reclamación admitida es que los gestores de las redes no tengan, desarrollen, gestionen o exploten instalaciones de almacenamiento de energía.