Las ocho ayudas adicionales que los autónomos necesitarán en la desescalada
UPTA pide más flexibilidad en los ERTEs y que se amplíe la prestación extraordinaria, entre otras medidas para paliar los efectos durante la desescalada.
La Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA) ha solicitado que se implementen una serie de medidas para poder proceder a la desescalada. Entre ellas destaca la solicitud para que se flexibilice y amplíe la duración de los ERTEs hasta el 31 de diciembre.
UPTA quiere que se flexibilice también el periodo de permanencia de los ERTEs y que este se amplíe a seis meses una vez finalizados, sobre todo en aquellos sectores de actividad económica que han sido especialmente afectados por la crisis, como el turismo, la cultura, el ocio o los congresos.
Ampliar la prestación extraordinaria
Por otro lado quieren que se amplíe la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos, al menos, hasta que finalice la desescalada programada y se pueda recuperar la normalidad. Sobre todo esto se prevé en sectores afectados por la crisis como el turismo, la cultura, el ocio o los congresos.
UPTA ha propuesto que haya un subsidio para aquellos autónomos cuya actividad profesional también esté vinculada a sectores de estacionalidad, como el turismo, así como a los autónomos que realizan actividades vinculadas a ferias, fiestas patronales, puestos de venta ambulante, bandas de música o kioscos de venta de comida, entre otros.
Moratoria en el alquiler
Plantean, sobre la moratoria de alquiler de vivienda y de locales de negocio que no se exija el certificado de la AEAT que acredite el cese de actividad porque de esta manera se exige la baja en Hacienda y en la Seguridad Social, esto es “el cese total de la actividad”. Exponen que si un autónomo “tiene que cerrar para acogerse a estas medidas, ya no las necesita”.
Por último, piden que sea compatible el cobro de la prestación por cese de actividad con el ejercicio de la actividad económica, que se amplíen también los CNAES para poder acogerse a la moratoria del pago de las cuotas y coordinación con las Comunidades Autónomas sobre las medidas de seguridad y salud laboral.
