El Gobierno tiene el deber de diseñar una política realista ante la crisis

Urge un plan de recuperación sin concesiones al populismo y a los intereses de partido y cuyo impacto en las cuentas públicas resulte soportable

Las previsiones de primavera que presentó ayer la Comisión Europea confirman la gravísima crisis que se cierne sobre las economías del euro, enfrentadas a un horizonte propio de una glaciación y que golpeará especialmente a los países del sur. El pronóstico de Bruselas, que sitúa a España como tercera economía más afectada, solo por detrás de Grecia e Italia, prevé un hundimiento del 9,4% del PIB español en este ejercicio, así como una paulatina recuperación que permitiría cerrar 2021 con un repunte del 7%. Como no puede ser de otra forma, los números están supeditados a la buena marcha de la desescalada, cuyo cumplimiento dentro de plazo, sin recaídas y pasos en falso es en este momento un objetivo tan deseable como incierto. El pronóstico de la Comisión para los próximos meses incluye un paro del 18,9%, un déficit público de casi el 10% y una deuda que rozará el 116%.

La extrema fragilidad de la economía española ante el tsunami que asola Europa tiene que ver, entre otros factores, con su fuerte dependencia del sector servicios, con el turismo como primera industria del país, pero la duración y la profundidad de la recesión dependerá en buena medida de la credibilidad, el realismo y la sensatez de la política económica que adopte el Gobierno. Las distintas previsiones sobre el grave impacto que la crisis tendrá en las finanzas públicas son una severa advertencia del desorbitado desequilibrio que puede dejar esta crisis en las arcas del Estado y de su coste en términos de financiación. Como señala la Airef en un informe publicado ayer, la información remitida por el Gobierno a Bruselas la pasada semana no contiene información suficiente sobre el factura que generarán las medidas impulsadas hasta ahora, como el coste real del plan de avales públicos, o la duración de las actuales condiciones de los ERTE, a priori ligadas solo a la duración del estado de alarma, pero que el Ejecutivo acaba de pactar extender con Cs.

Frente a un escenario de violenta incertidumbre como este, ante una crisis de magnitudes no vistas desde la Guerra Civil, el Gobierno tiene la obligación inexcusable de diseñar con rigor y sentido de Estado, sin concesiones al populismo y a los intereses de partido, un plan de recuperación realista, que prevea un uso razonable del gasto, diseñe una política fiscal que oxigene los ingresos sin dañar aún mas la actividad y cuyo impacto en las cuentas públicas resulte soportable para el país. Más aún cuando España no ha sabido aprovechar el ciclo alcista que la pandemia del Covid-19 ha cortado tan brutalmente para sanear, engordar y poner a punto sus graneros de cara al invierno, al modo de la hormiga prudente y sensata de la fábula.