Todo debe orientarse a que el desempleo coyuntural no se torne en estructural
Una buena parte de esos trabajadores con el empleo suspendido podrían pasar a ser desempleados de forma estructural
La evolución del empleo en abril ha confirmado la vertiginosa tendencia descendente de marzo, y ha llevado a una destrucción acumulada desde que el Covid-19 cerró la economía de unos 900.000 puestos de trabajo, si nos atenemos al registro de cotizantes de la Seguridad Social, que es lo más fiable en esta materia. Si miramos la estadística pasiva, la que registra los parados inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo, registra un avance de 585.156 en los dos últimos meses, con dos avances mensuales históricamente desconocidos para marzo y abril, para llevar la cifra de desempleados a los 3,831 millones. Pero ni la Seguridad Social ni el registro de paro son la imagen fiel de lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo.
Aunque técnicamente ambos guarismos se ajustan a definiciones de empleo y paro oficiales, la realidad aflora la existencia de otros 3,38 millones de trabajadores con su empleo temporalmente suspendido o reducido por un plazo aún por definir, como atestiguan la Seguridad Social y la factura de prestaciones de paro. Y otros 1,2 millones de autónomos que perciben la prestación por cese de actividad. Un cómputo informal de todas estas situaciones de desempleo (temporal o estructural) lleva la cifra de personas paradas a situarse entre 8 y 8,5 millones, con una tasa que rondaría el 35% de los activos.
Lógicamente, estos números deberían pasar a ser pronto una anomalía estadística, para volver a la normalidad. Pero esa es la gran incógnita de la ecuación. ¿Cuánto tiempo tardarán los 3,38 millones de trabajadores con prestación reconocida por ERTE en volver al trabajo? Dada la estructura de la actividad en España, con una dependencia elevada de un turismo puesto en cuarentena en todo el mundo, una buena parte de esos trabajadores con el empleo suspendido podrían pasar a ser desempleados de forma estructural. Dependerá de la eficacia en el control de la epidemia y de la velocidad en la recuperación de la actividad productiva y de la demanda de bienes y servicios. Por ello, todas las decisiones políticas, sanitarias y económicas deben estar orientadas a minimizar tales tempos, y a reactivar el máximo porcentaje posible de empresas ahora varadas.
Porque más allá de la necesidad de recuperar la vida de las empresas y las rentas de los empleados, hay que preservar la salud de las cuentas públicas, que están inmersas en una escalada de gasto desconocida, a la que contribuye la factura por desempleo, que se acerca a los 5.000 millones al mes, y otra panoplia de prestaciones de nueva planta, muchas de ellas redundantes. Con todo, aunque sea ocasionalmente, más de 20 millones de personas dependen de rentas públicas, superando ampliamente a las que las reciben a cambio de su trabajo de pagadores privados.