Las farmacéuticas no esperan los primeros datos sobre la vacuna de Covid-19 hasta finales de año

Farmaindustria prevé que las compañías fabriquen el producto "a riesgo", sin conocer si funciona para anticipar el uso si se autoriza

Investigación de vacunas sobre Covid-19 en un hospital de Berna (Suiza).
Investigación de vacunas sobre Covid-19 en un hospital de Berna (Suiza).

La industria farmacéutica se muestra preocupada sobre cómo el sector va a ser capaz de fabricar las vacunas frente al Covid-19 a escala planetaria en un tiempo récord. "El gran reto es la capacidad de producción a gran escala para producir miles de millones de dosis", aseveró este miércoles Martín Sellés, presidente de la patronal Farmaindustria, en un encuentro virtual con la prensa. "El miedo desaparecerá cuando tengamos una vacuna", opinó Sellés. Pero para eso deberán pasar bastantes meses.

La patronal de fabricantes de medicamentos apunta a que los primeros resultados sobre cómo están siendo de eficaces las pruebas iniciales con pacientes no llegarán hasta finales de año o inicio de 2021. "Tenemos que ser extraordinariamente prudentes", reconoció Sellés, quien también es presidente del laboratorio Janssen (Johnson & Johnson) en España. "En el entorno de las navidades vamos a tener ya resultados de fase I", explica sobre la primera etapa de test en seguridad y eficacia del producto. Después que lleguen los datos se conocerá "si hay protección del 70% o 80%" en la población participantes. "En otoño ya podríamos iniciar la fase II con miles de pacientes sanos", apuntó.

Para que un medicamento o una vacuna se apruebe, debe primero superar distintas etapas de estudios sobre seguridad y eficacia antes de llegar a la población, un camino, que como recordó el presidente de la patronal lleva normalmente una década en el caso de los medicamentos y siete años de media en el caso de las vacunas, pero que en este caso los plazos se intentan acortar a 12-18 meses con la participación conjunta de la industria, la Organización Mundial de la Salud (OMS), gobiernos, comunidad científica y organizaciones como la Fundación Bill & Melinda Gates.

Sellés también avanzó que para acortar los plazos, algunos laboratorios van a comenzar a fabricar "a riesgo" una cantidad ingente de vacunas antes incluso de conocer si los resultados son positivos y antes de obtener la autorización de comercialización, aunque pueda suceder que "los millones de dosis que hayan producido no sirvan para nada y vayan a la basura".

En la actualidad, hay 89 proyectos de I+D para encontrar ese producto de inmunización, según los datos del domingo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Centros públicos, grandes laboratorios, hospitales, universidades y pequeñas firmas biotecnológicas buscan ese ansiado remedio y en siete casos ya se prueban en ensayos clínicos con pacientes. Tal como publicó CincoDías este miércoles, es muy probable que los cuatro grandes fabricantes del mundo de vacunas se tengan que implicar en la producción de esas vacunas al funcionar como un oligopolio que controla el 90% de las ventas. En concreto se trata de las compañías GSK, MSD, Sanofi y Pfizer. Algo que Sellés confirmó dada la capacidad de estas empresas en dar respuesta a la producción en el ámbito de enfermedades infecciosas y a las que sumó a la propia Janssen. De hecho, su matriz Johnson & Johnson ha llegado a un acuerdo con el gobierno de EE UU por 1.000 millones de dólares para investigar y fabricar 1.000 millones de vacunas.

En la actualidad hay siete productos en la primera etapa de test con pacientes, entre ellas tres de pequeñas empresas de biotecnología como la estadounidense Moderna y las chinas CanSino y Sinovac.

El responsable de la patronal aseguró que previsiblemente es tarde para que el sector público comiencen a impulsar nuevas fábricas de vacunas en concreto para el Covid-19, por lo que "tendremos que confiar en las plantas de producción ya existentes". Sobre el reparto de las dosis, que muchos gobiernos considerarán estratégicas económica y sanitariamente, cree que debe darse un acuerdo entre la Unión Europea y la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés), así como otros organismos como la OMS y los propios Ejecutivos.

Desde Farmaindustria se recordó que el compromiso del sector es que haya un acceso equitativo a la vacuna, con un coste asequible y sin ánimo de lucro, según la alianza que a nivel global han sellados las empresas con la OMS, Gobiernos y organizaciones no gubernamentales.

  • Modificar el convenio con Hacienda de gasto

Desde la patronal también se prevé que cuando la situación sanitaria lo permita, retomarán la negociación para rubricar un nuevo acuerdo con los ministerios de Hacienda y Sanidad, que actualmente está prorrogado para los seis primeros meses de 2020, y que en los últimos años ha tenido la función de controlar el incremento del gasto farmacéutico. Pero el estallido de la pandemia previsiblemente cambiará ese entorno por el obligado desbordamiento del coste en los sistemas de salud autonómicos. Sellés lo definió como "una cambio radical en el ámbito sanitario" y que, por tanto, el nuevo pacto con los departamentos de María Jesús Montero y Salvador Illa deberían sumar otras variables para garantizar "un entorno predecible" a las empresas con el que puedan mantener y aumentar su inversión en el país, así como convencer a sus casas matrices (las principales compañías son europeas y de EE UU) para reforzar la producción en España.

De hecho, Sellés abogó por que España tome esta crisis sanitaria para aumentar su capacidad de producción, por ejemplo, de vacunas. "Hay que estimular los sectores estratégicos y uno de ellos es el sector farmacéutico", reclamó y apuntó a que el dinero que va al sistema sanitario no debe verse como un gasto sino como una inversión.

Farmaindustria también desveló que las 82 plantas de producción de medicamentos en España se han mantenido a pleno rendimiento y, además, se ha garantizado la importación de medicamentos y materias primas de terceros países, aunque Sellés desveló que se ha superado alguna crisis momentánea de países que estaban haciendo acopios, con el fin de garantizar que los 25 millones de españoles que toman al menos un fármaco al día pudiesen mantener su toma.

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