Sánchez y Casado pactan que la Mesa para la Reconstrucción sea una comisión parlamentaria

Sánchez elige a Carmen Calvo para coordinar los encuentros y propone la primera reunión antes de que acabe abril

El líder del Partido Popular, Pablo Casado (izq), mantiene este lunes una videoconferencia con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado (izq), mantiene este lunes una videoconferencia con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se han puesto de acuerdo en que la Mesa para la Reconstrucción del país por la crisis del coronavirus se reconduzca a una comisión en el Congreso de los Diputados, una decisión que ha celebrado el líder de los Populares, al señalar que es una reivindicación que hizo la semana pasada.

En la rueda de prensa posterior al encuentro telemático, Casado ha reconocido la "buena disposición" de Sánchez en este sentido y ha confirmado su participación en el diálogo si se produce exclusivamente en la sede parlamentaria, para evitar "mutualizar" los errores de la gestión, según sus palabras. El Ejecutivo, por su parte, también vio positiva la propuesta del líder del PP, aunque está sujeta a ser consensuada con las demás formaciones políticas. Vox y la CUP descartaron desde el principio su colaboración.

La ministra y portavoz, María Jesús Montero, ha explicado en una comparecencia posterior que será el Congreso el que decidirá el día, la hora y las características de la comisión. “Lo de menos para el Gobierno es el formato en el que se pueda producir. Da igual una Mesa de partidos que una comisión, lo importante es que se haga de manera rápida”, ha destacado Montero. El Gobierno tenía previsto que la primera reunión se celebrase antes de que acabase el mes de abril.

Cuatro grupos de trabajo

La titular de Hacienda ha subrayado que el Ejecutivo ha perfilado cuatro áreas específicas de trabajo: la reactivación económica, el estado del bienestar, el fortalecimiento de la sanidad y la Unión Europea. Aunque ha abierto la puerta a acoger las ideas de los grupos parlamentarios. En paralelo a ello, el Gobierno seguirá convocando la mesa de diálogo social con los representantes de los empresarios y los sindicatos, cuyos acuerdos se elevarán asimismo a dicha comisión.

La propuesta inicial del Gobierno apostaba por un calendario que hiciera posible cerrar un acuerdo con los partidos, las comunidades autónomas y las entidades locales, para la implementación de los pactos en la primera quincena de julio, aunque ahora el documento se adaptará a lo acordado con el líder del PP.

Así, el informe original recoge que los grupos de trabajo de la Mesa se crearán con representación parlamentaria proporcional, algo que se respetará al transformarse en una comisión, y plantea que esté presidida por el presidente del Gobierno acompañado de los cuatro vicepresidentes y los portavoces parlamentarios. Además, Moncloa anunció que Sánchez eligió a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, como coordinadora de dichos encuentros en los que se sentarán las bases para la reconstrucción del país tras la pandemia.

Por otro lado, Casado ha recordado en su comparecencia que el PP está en desacuerdo con buena parte de las medidas del Gobierno cuando le han preguntado si estaría dispuesto a apoyar las cuentas públicas y, por ello, ha apuntado que será "difícil" que su formación pueda respaldar los presupuestos del Ejecutivo. En concreto, ha dicho estar en desacuerdo concretamente con las medidas económicas impulsadas por el vicepresidente Pablo Iglesias, a quien ha llamado "el Varoufakis" de Sánchez.

Municipios piden reinvertir sus 10.000 millones

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha reclamado este lunes al Gobierno que permita a los ayuntamientos emplear los 3.830 millones de euros de su superávit de 2019, así como más de 7.000 millones de remanentes para costear el proceso de desescalada y reconstrucción social y económica por la pandemia del coronavirus.

Desde la FEMP han afirmado que el Gobierno ha dado luz verde a esta petición, aunque el Ejecutivo todavía no lo ha corroborado.

Así, el presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha calificado como “muy productiva” y “muy constructiva” su reunión con Pedro Sánchez, poniendo en valor la disposición del presidente a que el Gobierno se reúna cada quince días con la FEMP para continuar con la colaboración.

Por lo pronto, la federación ha anunciado que se reunirá esta misma semana con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y con la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a fin de analizar "en qué dirección" se van a gastar los fondos del superávit y los remanentes dentro de dicho proceso de recuperación, propuestas que se enmarcan dentro de un documento de 19 medidas económicas que la FEMP presentó al Gobierno.

Prórroga del estado de alarma

La cita con Casado ha supuesto el cierre a la ronda política de consultas que Sánchez comenzó el pasado jueves y viernes con el resto de partidos, a pesar de que la intención de La Moncloa era comenzar con Casado su sondeo.

Tras varios rifirrafes, quedaron finalmente en reunirse por videoconferencia a las 11 de la mañana de este lunes, bajo un ambiente tenso como consecuencia de las duras críticas que el principal partido de la oposición ha realizado a la gestión del Gobierno y a la falta de confianza en que la propuesta del gran pacto fuera "sincera".

El líder de los Populares mostró este domingo en su cuenta de Twitter su malestar por no haber sido avisado de la intención del Ejecutivo de prorrogar el estado de alarma. Con respecto a ello, Casado, en la comparecencia telemática posterior al encuentro con el presidente, se ha mostrado predispuesto a volver a apoyar el decreto este miércoles en el Congreso, pero siempre y cuando el Gobierno ponga en marcha una serie de medidas urgentes a nivel sanitario y económico, como la dotación de material y de test masivos.

Asimismo, Casado ha pedido que se habilite el Portal de Transparencia y se incluyan ahí las actas de los expertos y se den explicaciones "públicas" sobre las limitaciones a la libertad de expresión que el PP cree que puede haber a través de las redes sociales.

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