Un impulso fiscal que recomponga la actividad y esquive el gasto no productivo
Las predicciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado sobre la economía española y sobre sus finanzas públicas asustan, por más que estuviese todo el mundo avisado desde hace semanas de que la profundidad de esta crisis no tenía parangón en la historiografía económica. Aunque tiene unas características particulares que podrían suponer una recuperación más rápida, la destrucción de riqueza corporativa e individual será desconocida y la necesidad de auxilio del Estado, y por tanto el deterioro de las finanzas públicas, es igualmente desconocido.
Si el FMI está atinado en sus previsiones, España registrará este año un déficit fiscal de más del 9% del PIB, y llevará su deuda pública, engordada doblemente por la contracción del producto y por el desequilibrio provocado por la pérdida de ingresos y el avance de los gastos, hasta los niveles del 114% del PIB, desde el 95% que trabajosamente había logrado en 2019.
De poco vale ahora llorar por la leche derramada, pero España podía haber afrontado en mejores condiciones fiscales la avalancha de gasto público que llega. Desde el máximo que alcanzó con el rescate de las cajas de ahorros, había logrado con esfuerzo devolver el déficit fiscal por debajo del 3%, ese umbral que permitía salir de la vigilancia intensa de las autoridades europeas. Pero cierto es que desde 2015 prácticamente las reducciones han sido anecdóticas, ante la imposibilidad de lograr Gobiernos fuertes y fuertemente comprometidos con la disciplina fiscal.
La crisis política, que seguramente ha sido en parte hija de la crisis económica de 2008, ha impedido apurar más las cuentas públicas y ha convertido la reducción de la deuda en un descuento de décimas pese a que la economía avanzaba a ritmos generosos, con una media de cerca del 3% desde 2014. El último ejercicio es el mejor ejemplo de la incapacidad de rebajar el déficit pese al buen comportamiento económico, ya que inexplicablemente ha subido.
Ahora es inexcusable incrementar el déficit; además de perder recursos fiscales e incrementar el gasto público de los estabilizadores automáticos, es imprescindible echar recursos en proteger empresas y trabajadores para evitar la destrucción de tejido productivo, como mejor fórmula de acortar la vía de recuperación cuando se haya extirpado este endemoniado virus. Pero debe evitarse en esta reconstrucción la adopción de medidas de gasto estructurales que impidan después que las cuentas públicas vuelvan a la normalidad.
Debe haber un fuerte impulso fiscal, negociado y cofinanciado con Europa o individual; pero debe servir solo para devolver la velocidad de crucero a la economía, no para generar bolsas estructurales de gasto no productivo como algunas de las que ya tiene el Presupuesto.